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Un acuerdo para rescatar a uno de los mayores proveedores de harina de soja que se usa para alimentar ganado en todo el mundo corre el riesgo de fracasar debido a retrasos en los tribunales y la peor sequía que se recuerda en Argentina.
La bancarrota de Vicentin SAIC hace más de tres años descolocó el comercio de semillas oleaginosas en Argentina, la principal nación exportadora de harina y aceite de soja utilizados en alimentos y biocombustibles.
Después de un tumultuoso default que incluyó una fallida nacionalización y acusaciones de fraude por parte de prestamistas internacionales, Vicentin finalmente parecía haber asegurado su futuro.
Acreedores y proveedores de cultivos acordaron reestructurar US$1,300 millones de deuda con un consorcio liderado por Viterra, respaldada por Glencore Plc, y Bunge Ltd. que se haría cargo de las operaciones. Ello inyectaría nueva vida a una empresa que era la joya de la corona del procesamiento de soja argentina antes de que fuera trastocada por una mala gestión y la agitación en la política nacional.
Pero los prolongados procedimientos en un tribunal provincial de quiebras y una sequía brutal se combinaron para poner en riesgo el acuerdo, dijo Estanislao Bougain, director de la junta de Vicentin, en entrevista.
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Está en juego el futuro de una empresa cuya expansión a base de préstamos previo al colapso la ayudó a defenderse de multinacionales como Cargill Inc. El retraso también se produce en un momento en que Bunge y Viterra están en conversaciones para fusionarse, y su mayor superposición es la trituración de soja argentina, según Goldman Sachs Group Inc.
El juez Fabián Lorenzini está tardando mucho más de lo habitual en aprobar la reestructuración, dijo Bougain. Vicentin cumplió con la fecha límite de la corte hace un año para llegar a un acuerdo con los deudores, incluidos los principales bancos como Rabobank y Credit Agricole, así como las bolsas de granos en la pampa argentina.
La corte de Lorenzini se negó a comentar.
La lentitud judicial —que, sin duda, no es infrecuente en Argentina— llega en un momento en que la cosecha de soja más reducida de este siglo está debilitando el último sustento de Vicentin: cobrar a sus rivales una tarifa por procesar soja en sus plantas. Ese flujo de ingresos se está agotando porque ahora no hay suficiente soja para justificar la contratación de capacidad adicional.
De acuerdo con Vicentin, si el juez continúa aplazando una decisión se produciría una espiral descendente, donde las plantas ociosas caerían en desuso y cientos de trabajadores tendrían que ser despedidos. Eso podría poner en peligro la adquisición de la compañía.
Viterra dijo que sigue comprometida con el plan de reestructuración de Vicentin. Bunge declinó comentar.
“La sequía significa que las empresas ya no traen su grano a Vicentin”, dijo Bougain. “Nos estamos quedando sin trabajo, pero nuestros gastos siguen ahí. No queda tiempo”.
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