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El Gobierno de Venezuela rechazó “categóricamente” este lunes el dictamen de un juez en Estados Unidos a favor de la energética norteamericana ConocoPhillips, que autoriza a la compañía a ejecutar un laudo arbitral de hasta US$ 8,700 millones, “en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos”.
El fallo es fruto de la expropiación, por orden del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2007, de activos petroleros de la compañía en el país caribeño, cuyo Gobierno fue llevado a los tribunales, que dictaminaron, ya en 2013, que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia se sumó en el 2019 el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que falló que Venezuela debía pagar US$ 8,000 millones a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en el 2007.
Ahora fue un juez estadounidense quien emitió una orden que obliga al país caribeño a cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente de pago.
Para el Gobierno de Nicolás Maduro esta decisión es “injusta” y ha sido “fraguada violándosele a (...) Venezuela su derecho a la defensa, y en complicidad con extremistas venezolanos, entre los que se encuentran (los opositores) Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso”.
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El Ejecutivo considera que, con esta “írrita e ilegal” decisión “se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales donde se impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses” del país.
El Gobierno hizo un llamamiento a la comunidad internacional ante las “evidentes maniobras con las que se pretende justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana”, pues, con esta medida, Estados Unidos “no solo viola el Derecho Internacional, (sino que) además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia” para cualquier país.
Venezuela, agregó el escrito, “jamás renunciará a la defensa legítima de sus derechos” y “continuará activamente con las acciones legales contra los apátridas que participaron en este fraude, con el firme compromiso de preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo”.
