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El diálogo entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena, que desde hace 18 días lidera las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida, se reinstaló este jueves con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como mediadora entre ambas partes.
El diálogo, que había comenzado el lunes, se rompió el martes cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se negó a que el Ejecutivo volviese a negociar con los actuales dirigentes indígenas, tras morir un militar en un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden en la amazónica provincia de Sucumbíos.
Sin embargo, en la noche del miércoles, el gobierno reculó en su decisión al aceptar que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana intercediera entre ambas partes y ya no liderara la mediación el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela.
Así, las conversaciones se retomaron con delegados del gobierno y de los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas que encabezan las movilizaciones.
Por parte del Ejecutivo acudió el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, quien ya estuvo en la reunión del lunes.
Al frente, el movimiento indígena estuvo encabezado por el principal promotor de la protestas, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, pese a que Lasso se había negado tajantemente el martes a que el gobierno se sentara de nuevo en la misma mesa con él al llamarlo “oportunista”.
A Iza lo acompañaron los presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza; y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Toala.
Durante la primera reunión sostenida el lunes, hubo algunos avances y el gobierno concedió de manera parcial algunas de las demandas del movimiento indígena, pues para la mayoría de puntos se acordó formar grupos de trabajo separados y la negociación se redujo al precio de los combustibles y la actividad petrolera y minera.
El Ejecutivo se comprometió a derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y a no dar más concesiones mineras en áreas naturales protegidas y zonas intangibles protegidas, aunque el movimiento indígena reclama que eso también se extienda a zonas de recarga hídrica y territorios indígenas.
Combustibles, lo más sensible
Sin embargo, el punto más sensible es la reducción de los precios de los combustibles subsidiados, ya que a las organizaciones indígenas y campesinas les parece insuficiente la rebaja de diez centavos de dólar por galón (3.78 litros) anunciada por Lasso el domingo por la noche.
Desde el inicio de las protestas demandan que las gasolinas de 85 octanos cuesten US$ 2.10 por galón y el diésel US$ 1.50, precios similares a los de hace un año, cuando el Gobierno de Lasso asumió el poder e hizo una progresiva subida hasta fijarlos en US$ 2.55 y US$ 1.90, respectivamente.
De manera paralela a la reunión, una numerosa marcha de indígenas recorrió las calles de Quito un día más para exigir que se cumplan los diez puntos del pliego de demandas de la Conaie, que también incluyen control de precios de productos de primera necesidad y condonación de deudas vencidas de hasta US$ 10,000.
“No somos terroristas, somos resistencia” y “Lasso, escucha, queremos resultados”, gritaban los participantes en esta manifestación que estuvo encabezada por mujeres y que se dirigió hacia los exteriores de la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, donde se celebraba la reunión.
Las protestas comenzaron el lunes 13 de junio y hasta el momento dejan un saldo de seis fallecidos, entre ellos un militar, y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y miembros de fuerzas de seguridad.
