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Únete al canal de GestiónImportantes empresas tecnológicas chinas como Tencent, Alibaba y ByteDance (propietaria de TikTok) entregaron a las autoridades detalles de sus algoritmos, en un gesto sin precedentes que se enmarca en el intento de control del sector por Pekín, anunció el regulador.
En virtud de una ley aprobada en marzo, las empresas deben asegurarse ante el regulador chino de que sus algoritmos entran dentro del marco regulador.
“De momento, las autoridades no pidieron explícitamente a las empresas que modifiquen sus algoritmos”, explica Angela Zhang, especialista de derecho chino en la Universidad de Hong Kong.
“Los reguladores, de momento, están recopilando información”, añade.
Por otro lado, el viernes, la Administración china del Ciberespacio publicó por primera vez detalles del uso que hacen las empresas tecnológicas de sus algoritmos.
El líder el comercio en línea, Alibaba, recomienda, por ejemplo, nuevos productos en función del historial de navegación y de búsqueda de los usuarios.
La aplicación de videos cortos Douyin (la versión de TikTok para el mercado chino) hace recomendaciones según el tiempo que pasan las personas en cada contenido.
Los algoritmos, la base de la economía digital, son el motor de buena parte de las aplicaciones y servicios por internet, por lo que las empresas suelen mantenerlos secretos.
Con estas herramientas se pueden analizar importantes cantidades de datos sobre un usuario y automatizar las recomendaciones según sus prácticas o costumbres.
Ante esta opacidad, las autoridades buscan definir mejor la legislación de los algoritmos.
Desde hace dos años, las autoridades chinas se muestran especialmente intransigentes con el sector de las empresas tecnológicas, a las que vigilan por prácticas, hasta entonces, ampliamente extendidas.
Varias grandes empresas fueron multados en este sentido por abusos en materia de protección de datos personales, competencia y derechos de los usuarios.
El mes pasado, Didi, compañía líder en China de vehículos con chófer (VTC), fue multada con US$ 1,215 millones por infringir las normas de protección de datos.
