Únete al canal de GestiónLa lucha contra la desinformación no debe recaer solo en las plataformas, sino que los Gobiernos deben adoptar marcos legislativos que protejan de forma sistémica la integridad informativa sin ejercer de “árbitros de la verdad”, así como reforzar los medios, según la OCDE.
En un informe publicado este lunes -el primero sobre este problema- la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aboga por pasar de las medidas ‘ad hoc’ sobre situaciones concretas a un “enfoque sistémico” basado en factores como favorecer la resistencia de la sociedad al fenómeno o reforzar un sector de los medios tradicionales libres y plurales.
“Ninguna democracia puede atajar este problema sola”, recordó también Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, durante la presentación del estudio, que pudo seguirse en línea y de forma presencial en la sede de París.
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La mayoría de los 38 países de la organización identifican la lucha contra la desinformación como una “prioridad” para el futuro, pero solo la mitad de las 23 que han respondido sobre este aspecto tienen ya al menos un mecanismo intergubernamental dedicado a coordinar los esfuerzos y a identificar y responder a la desinformación.
Entre ellos figuran el servicio francés de vigilancia Viginum, el Centro de Global de Participación de Estados Unidos (Global Engagement Centre) o la Comisión Nacional contra la Desinformación establecida en mayo de 2023 en Chile.
Otro ejemplo de la necesidad de incrementar los esfuerzos a nivel político es que solo nueve de los países con información (Australia, Estonia Letonia, Lituania, Portugal, España, Países Bajos, Italia y Estados Unidos) han desarrollado ya documentos estratégicos para atacar el problema de la desinformación.
Un fenómeno que no va a desaparecer
Los esfuerzos normativos deben partir de la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la pluralidad de voces, incluidos los que se pongan en marcha para “mitigar los potenciales y actuales impactos de las herramientas generativas de inteligencia artificial”, que son otro riesgo exponencial para el fenómeno creciente de la desinformación.
“Mantener las libertades cívicas fundamentales y una internet abierta implican que la desinformación no desaparecerá nunca completamente”, indican los autores del estudio, titulado “Hechos, no falsedades. Hacer frente a la desinformación, reforzar la integridad de la información”.
Insisten en que es un desafío que no puede recaer solo en las plataformas de internet o en las nuevas tecnologías, ni basarse únicamente en guías o códigos voluntarios de conducta, que “son insuficientes” al estar “limitados” por el grado de acatamiento que elijan ejercer los actores privados.
El objetivo -puntualizan- no es “gobernar la información” o ser el “árbitro de la verdad”, sino que las administraciones públicas “generen las condiciones para un ecosistema de información que salvaguarde la integridad de la información”.
Establecer esas condiciones a nivel sistémico es un proceso largo que debe complementarse, además, con mecanismos de respuesta ágiles contra amenazas inmediatas, particularmente en contextos electorales.
Reforzar los medios de comunicación
La OCDE hace hincapié con sus propuestas en el papel de los medios de comunicación como herramienta fundamental de la lucha contra la desinformación, en paralelo al enfoque sobre las acciones de las grandes plataformas de internet, que por sí solo es insuficiente.
Para que todos esos actores tengan una contribución positiva, los expertos sugieren que los Gobiernos deben considerar líneas como poner en marcha políticas para reforzar un “mercado diverso, plural e independiente para los medios tradicionales”, apoyar a los medios de servicio público y combatir la “interferencia maligna extranjera en el espacio informativo”.
Incluso apuestan por explorar vías de apoyo financiero, directo e indirecto, como regímenes fiscales especiales para los medios que cumplan criterios específicos y ayuden a cumplir objetivos democráticos.
Otra línea de acción por parte de los gobiernos debe ser reforzar la participación pública, incluyendo a la academia y a las organizaciones civiles. A ese respecto, la OCDE destaca iniciativas como el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, realizado en España en 2023.
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