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Un vehículo blindado se escucha en las calles oscuras y casi vacías de un empobrecido barrio en la capital chilena, repleto de tropas fuertemente armadas.
Un joven con capucha y sin mascarilla, emerge de una casa y, al ver a los soldados, corre hacia un callejón. Lo persiguen y detienen rápidamente. Argumenta que compraba leche para su bebé y es escoltado a casa con una advertencia.
Así resguardan policías y militares en conjunto el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19 en Santiago.
El capitán Nicolás Zamora dijo a Reuters que él y sus hombres son conscientes de la creciente pobreza y hambre a causa de la pandemia, y el riesgo de que aumenten las tensiones que aún quedan por las protestas sociales que estallaron en octubre del año pasado en el país.
"Hay gente que le da lo mismo, se siente un actitud antisistémica y otros que tienen la necesidad de salir, y uno se da cuenta", comentó.
El ejército, con la orden de salvaguardar los toques de queda y cuarentenas en el Estado de Catástrofe declarado por el presidente Sebastián Piñera en marzo, ha sumado refuerzos de todo el país para un mayor control esta semana en la capital.
Las tropas y la policía revisan el transporte público, zonas comerciales y carreteras en medio de un alza de contagios y muertes, que llegaron el viernes a 160,846 y 2,870 respectivamente, según el gobierno. Chile tiene ahora el mayor número de casos en América por millón de personas, según un recuento de Reuters.
Los hospitales en Santiago se acercan a su máxima capacidad y los médicos deben tomar decisiones difíciles sobre quién recibe camas y ventiladores. Las autoridades admiten que están en las semanas más críticas del brote.
Desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas se habían limitado en gran medida a misiones de entrenamiento o humanitarias.
Pero ahora han sido llamadas dos veces a las calles en seis meses: primero bajo un estado de emergencia declarado por Piñera debido al estallido social iniciado en octubre pasado y ahora por el Estado de Catástrofe de 90 días.
Los datos sobre el tráfico y movimiento de personas han revelado que, particularmente en las comunidades más pobres de Santiago, las personas salen regularmente.
Una enfermera en un céntrico hospital, que no deseaba ser identificada, dijo que la lucha contra el virus era intensa y que le desespera ver gente en las calles.
"El problema es que la cuarentena no se está cumpliendo. No sacamos nada con tener de todo si la gente igual anda en las calles", dijo.
Esta semana, la viceministra de Interior, Katherine Martorell, dijo que las fuerzas de seguridad realizaban casi 40,000 controles al día.
En una hora, en una céntrica calle comercial detuvieron a 75 personas, detalló, y atraparon a personas que violaron la cuarentena hasta 16 veces.
Las multas subieron al equivalente de entre US$ 2,500 y US$ 63,000 para los positivos de COVID-19 que están en la calle.
"No nos va a temblar la mano, ni un solo segundo, en perseguir y fiscalizar el cumplimiento de estas normativas sanitarias", aseguró la funcionaria.
El jueves por la noche en Quilicura, un barrio en el norte de Santiago conocido por la actividad de narcotraficantes, los hombres del capitán Zamora realizaron patrullajes y alcabalas.
En el proceso atraparon a una pareja, un taxi y un joven en su auto. La mayoría tenía la documentación correcta y siguieron su camino.
Ha habido casos extremos como dos hombres detenidos en la madrugada volviendo de un baby shower, grandes parrilladas y hasta fuegos artificiales por el funeral de un narcotraficante.
El capitán Zamora dijo que la mayoría simplemente traspasa el límite, excediéndose en permisos de compras o, en el caso de las personas mayores, tienen problemas para descargar los permisos electrónicos de la policía. Sin embargo, en los últimos días, el mensaje parecía estar llegando.
“En estos últimos tres o cuatro días se ha notado un cambio notorio respecto a la semana pasada. Se está respetando más, se ve menos gente en la calle”, comentó.
