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La fallida reforma para restituir la “soberanía” estatal en la industria eléctrica de México supuso un revés para el gobierno, que aun así avanza hacia su objetivo a costa de la inversión privada y el medio ambiente, señalan expertos.
Rechazada por el Congreso, la propuesta modificaba artículos constitucionales para devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio del sector. Enmiendas aprobadas en los años 1990 y 2013 desmantelaron ese esquema.
Pero antes del fracaso, el presidente Andrés Manuel López Obrador había logrado cambiar leyes reglamentarias que fortalecen a la CFE, sobre todo en el mercado de generación eléctrica, donde la estatal se decía relegada frente a los privados.
López Obrador sostiene que estos cambios garantizarán electricidad más barata para el “pueblo” y no solo para las grandes empresas.
En cambio, los empresarios aseguran que las modificaciones en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) atentan contra la libre competencia y que la producción de la CFE proviene principalmente de fuentes contaminantes y costosas.
Las modificaciones son rechazadas por los gobiernos y firmas de Estados Unidos, Canadá -socios de México en el tratado comercial T-MEC- y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón, según datos de la secretaría de Economía
¿Cómo queda el marco legal?
Aunque el marco constitucional se mantiene, la LIE eliminó el enunciado sobre “régimen de libre competencia” en la generación y comercialización, e introdujo una modalidad de contrato que, a partir de capacidades operativas, relega a generadoras solares y eólicas privadas y privilegia a las estatales.
Este tipo de contrato es ahora requisito para que el operador del mercado mayorista, Cenace, defina qué centrales despachan primero en las subastas de compra y venta de energía.
También elimina la obligatoriedad que tiene la CFE de adquirir energía mediante subastas, pudiendo comprarla a sus propias empresas. Con ello se desestiman criterios de eficiencia, advierten consultores empresariales.
Asimismo, reduce los requisitos para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL), concebidos para impulsar nuevas inversiones. Esto beneficia a las centrales estatales, pero desvirtúa el incentivo, alegan los críticos.
Decenas de firmas eléctricas privadas han bloqueado la implementación de esos cambios mediante amparos judiciales, que pueden tardar meses en resolverse.
¿Qué efecto tiene para las privadas?
Analistas coinciden en que esta política acrecienta la incertidumbre observada desde el inicio del gobierno de López Obrador en el 2018, reflejada en una baja continua de la inversión.
Las firmas de energía renovable llevarían la peor parte, pues quedarán al final de la fila en la generación, afectando el retorno de sus inversiones.
Una cuestión por resolver son los “contratos de autoabasto”, mediante los cuales generadoras y empresas privadas pueden comprar y vender energía a mejores precios.
El abuso de este mecanismo se ha tornado “fraudulento”, afirma el gobierno, que ofrece negociar para evitar pleitos judiciales.
El impulso estatista ha mermado también el papel de la Reguladora Comisión de Energía (CRE) y del Cenace, llamados a dirimir muchos de estos conflictos, apunta el analista Ramses Pech.
¿Qué efectos tiene para el Estado?
A corto plazo, es positivo porque la empresa estatal recupera espacio en el negocio de generación, donde planea invertir casi US$ 14,000 millones entre el 2022 y 2026.
El 72% se destinará a centrales de gas y otras fuentes no renovables y 28% a energías limpias como la solar. Aunque estas y otras inversiones -por US$ 14,500 millones adicionales- compensan la potencial caída del aporte privado, no atacan problemáticas de fondo de la CFE.
Invertir más en plantas gasíferas -relegando las más baratas energías renovables- incrementa la dependencia de un combustible que México compra a Estados Unidos, exponiéndose a la volatilidad del precio internacional, apunta Adrián Garza, analista sénior de Moody’s enfocado en infraestructura.
Ahuyentar la participación privada reduce además la opción de repartir riesgos de inversión y financiamiento.
“No es claro que las reformas propuestas o las leyes aprobadas fortalezcan la posición financiera de la CFE”, dice Garza.
Pech opina que la inversión estatal debería enfocarse en transmisión y distribución, monopolio de la CFE, pero cuya infraestructura es deficitaria. Esas áreas generan los mayores costos de toda la cadena de valor.
Transmisión y distribución representan un 55% del costo total de la energía, de la que el Estado subsidia entre 60% y 70% a unos 40.7 millones de usuarios domésticos.
“¿Por qué estamos discutiendo la generación cuando el problema lo tenemos en mover la electricidad?”, cuestiona Pech.
¿Cómo afecta a las energías limpias?
Las limitaciones para nueva inversión privada en energías limpias podrían retrasar los compromisos de México de reducir emisiones de carbono, que incluso podrían aumentar, según Moody’s.
Bajo la administración de López Obrador, no han mejorado las metas que México se fijó en el 2015 para reducir los niveles de gases de efecto invernadero y de CO2.
Que la CFE pueda comprar directamente energía de plantas contaminantes y que siga priorizando la inversión en energías no renovables apunta a que las emisiones seguirán creciendo.
“El tema ambiental no es una prioridad” de esta política, observa Garza. Las emisiones de CO2 de México representan apenas 1.2% del volumen global, según Our World in Data.
