:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/C2VHL65RIVFTHBOGEVXW2ZUJJA.jpg)
El Reino Unido y la Unión Europea (UE) siguen negociando este jueves un acuerdo posBrexit e intentando llegar a un entendimiento sobre los derechos pesqueros, último escollo para lograr un pacto histórico y evitar una ruptura abrupta el 31 de diciembre, que tendría graves consecuencias financieras y políticas.
Desde el miércoles parecía que el anuncio del acuerdo sería cuestión de horas, pero los técnicos siguen negociando y verificando la letra pequeña de este futuro pacto.
“Hay un problema sobre las cifras (de pesca). Y eso no es buena señal”, dijo una fuente europea. “Las negociaciones no han terminado”, agregó otra fuente, confiando en que “el desenlace no se haga esperar”.
Este pacto histórico, que definirá su futura relación comercial, se negocia desde marzo. El Reino Unido, que abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero, corta definitivamente sus lazos con el bloque el 31 de diciembre y la finalidad es evitar un divorcio sin acuerdo, que sería lamentable desde el punto de vista político y muy dañino financieramente hablando.
Si las partes logran un entendimiento, el acuerdo deberá ser validado por los Estados miembros, un proceso que puede llevar varios días, aunque quedará tiempo para que se aplique de manera provisional desde el 1 de enero, cuando el Reino Unido abandona oficialmente el mercado único.
El texto tendrá que ser validado después por el Parlamento europeo.
La pesca, símbolo de la soberanía
Sin un acuerdo, las relaciones entre ambas partes se regirían por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un escenario de consecuencias económicas imprevisibles que conlleva aranceles y cuotas, y la multiplicación de formalidades burocráticas que pueden conllevar atascos y retrasos en las entregas.
Una perspectiva funesta para el Reino Unido, ya sacudido esta semana por las consecuencias de la aparición de una nueva cepa del coronavirus, más contagiosa, que ha aislado en gran medida al país.
El acceso de los pescadores europeos a las ricas aguas británicas ha sido el último obstáculo en estas conversaciones, que sí lograron un entendimiento en el resto de las cuestiones espinosas, como la manera en que las partes resolverán sus futuras diferencias o las formas de protegerse de la competencia desleal.
La cuestión pesquera no tiene en realidad gran peso económico pero sí una importancia política y social para varios Estados miembros, como Francia, Holanda, Dinamarca o Irlanda. Pero el Reino Unido quiere convertir este tema en una imagen de la soberanía recuperada después de su divorcio con la UE.
Las divergencias se centran en el reparto de unos 650 millones de euros (US$ 800 millones) en pesca capturados cada año por los barcos europeos en los ricos caladeros británicos y la duración del periodo de adaptación para los pescadores europeos.
La UE propuso renunciar a un 25% del valor de los productos capturados en aguas británicas por los pesqueros europeos, al término de un período de transición de seis años.
La última oferta británica sobre la mesa era que la UE cediera el 25% al final de un período de transición de cinco años y medio, tras el cual las normas de acceso recíproco a las zonas de pesca se renegociarían cada año, según una fuente cercana a las negociaciones.
“Francia está bloqueando, (el presidente francés, Emmanuel) Macron está bloqueando”, dijo una fuente francesa, en una información que la presidencia se negó a confirmar.
Una proeza
Lograr un acuerdo en diez meses, aunque cuatro años y medio después del referéndum sobre el Brexit, constituiría una proeza para Londres y Bruselas, sobre todo para un acuerdo de esta envergadura, pues negociaciones así suelen demorar años.
Hicieron falta dos años y medio para negociar el acuerdo de retirada que sellaba la salida británica, concluido a finales del 2019, un texto que aporta una seguridad jurídica a los expatriados de ambos lados del canal de la Mancha y garantías sobre el mantenimiento de la paz en la isla de Irlanda.
Con este acuerdo, la UE ofrecería a su antiguo miembro un acceso inédito sin aranceles ni cuotas para su inmenso mercado de 450 millones de consumidores.
Esta apertura iría acompañada de estrictas condiciones: las empresas del Reino Unido deberán respetar un número de normas que evolucionarán con el paso del tiempo en materia de medioambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar cualquier competencia desleal.
Un mecanismo permitiría a ambas partes activar rápidamente medidas, como aranceles, en caso de divergencias sobre estas normas. La UE reclama también garantías en materia de ayudas públicas.
En caso de una ruptura brutal, el Reino Unido habría perdido mucho más que Europa: los británicos exportan un 47% de sus productos hacia el continente, cuando la UE solo exporta un 8% de sus mercancías al otro lado del canal de la Mancha.
