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Argentina está enfrascada en una peliaguda negociación para reestructurar bonos por US$ 66,239 millones en manos de inversores privados, pero estos no son los únicos ni los mayores acreedores del país y ese volumen de títulos ni siquiera llega a un cuarto de la deuda total de la segunda economía suramericana.
¿Cuánto y a quiénes les debe Argentina?
De acuerdo a datos oficiales, la deuda pública del país ascendía a finales de abril pasado a US$ 323,192.6 millones, cerca de un 89.5% del PBI.
El mayor acreedor, lejos de ser los organismos internacionales o los tenedores de bonos, es el propio Estado argentino ya que un 40% de la deuda es con agencias del sector público, un endeudamiento más sencillo de refinanciar.
Le sigue, en peso relativo, la deuda con acreedores privados, que representa un 37.3% del total, pero disgregada en miles de inversores particulares e institucionales de Argentina y del exterior.
De esta porción, la deuda bajo actual negociación es sólo la de los títulos emitidos bajo ley extranjera.
En tanto, el endeudamiento con organismos multilaterales y el de tipo bilateral, con diversos países, es un 22.7% del total, pero aquí sí hay un actor que destaca por sobre el resto, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el acreedor externo al que más le debe Argentina, por préstamos a devolver que ascendían a US$ 43,604 millones sobre finales de abril.
Un 78% del toda la deuda pública argentina está nominada en moneda extranjera, principalmente en dólares, lo cual representa un constante desafío para un país sin acceso a los mercados internacionales para financiarse.
La deuda en el crack del 2001
La radiografía de la deuda pública argentina ha cambiado en ciertos aspectos desde el "default" de finales del 2001, cuando Argentina cayó estrepitosamente en cese de pagos en medio de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de su historia.
En ese momento, su deuda pública total ascendía a US$ 144,279 millones, equivalente al 53.8% del PBI, bastante menos del volumen y el peso que tiene ahora, aunque el porcentaje de la deuda en moneda extranjera era más elevado entonces, de 97%.
El mapa de los acreedores también era diferente: cerca de un 22.5% de la deuda era con organismos internacionales (la deuda con el FMI era entonces por unos US$ 14,000 millones), mientras que casi un 70% de la deuda estaba en manos de acreedores privados, un peso muy superior al que tienen actualmente.
La deuda hace diez años
Tras el cese de pagos del 2001, Argentina reestructuró su deuda con los acreedores privados en el 2005, cuando logró una adhesión a su oferta de canje del 76.15%, un nivel que elevó hasta el 92.4% cuando en el 2010 reabrió la oferta y entraron más acreedores.
Luego de ese proceso, la configuración de la deuda pública argentina volvió a cambiar.
Para finales del 2010, el endeudamiento del país ascendía a US$ 164,433 millones -la mitad que el volumen actual-, bajando la relación de la deuda sobre el PBI al 45.8%, un ratio bastante inferior al de ahora.
También redujo el porcentaje de la deuda en moneda extranjera a un 59% del total.
Y el peso de los acreedores privados también pasó a ser menor, de 38.5% -un porcentaje muy similar al actual-, mientras que la deuda con organismos internacionales representaba un 11% -sin deuda alguna con el FMI, tras cancelarla en su totalidad en el 2006- y el endeudamiento con agencias del sector público nacional era del 47%.
Perfil de los acreedores privados
Hace quince años, los acreedores privados constituían un grupo variopinto, desde bancos, fondos de inversión y hasta miles de bonistas individuales -sólo en Italia había unos 450,000 jubilados con títulos argentinos-, y muy disgregado geográficamente ya que el 38.4% de la deuda a reestructurar estaba en Argentina, 15.6% en Italia, 10.3% en Suiza y 9.1% en Estados Unidos, con porcentajes menores en Alemania, Japón y otros países.
Eso supuso un esfuerzo del entonces Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) -con el actual presidente, Alberto Fernández, entonces al frente de la Jefatura de Gabinete- para establecer contactos y negociar con grupos dispersos de muy diversos intereses.
Pero, a la vez, debido a la falta de coordinación entre los acreedores, al gran porcentaje de inversores individuales más dispuestos a aceptar un canje ante la falta de poder de negociación y de recursos para litigar y al hecho de que una parte considerable de la deuda se encontraba en las carteras de administradoras de fondos de jubilación de Argentina manejadas por bancos con diálogo directo con el Gobierno, el resultado fue una alta adhesión a la propuesta de reestructuración.
Ahora el panorama es bastante diferente: los acreedores con los que Argentina negocia son mayoritariamente fondos de inversión, algunos muy poderosos, concentrados en Estados Unidos, coordinados entre sí y con experimentada asesoría legal.
Los actuales acreedores han conformados tres grandes grupos para hacer valer sus intereses en la negociación.
Por un lado, está el denominado Grupo de Titulares de Bonos de Canje, con casi una veintena de fondos que asegura tener el 15% de los bonos a reestructurar emitidos en los canjes del 2005 y el 2010.
El comité directivo de este grupo está compuesto por las firmas HBK, Monarch, Oaktree, Pharo, Redwood y VR Capital Group.
Otro bloque es el del Comité de Acreedores de Argentina (ACC, por su sigla en inglés), que en la negociación se ha aliado con los fondos Gramercy y Fintech Advisory, todos tenedores de bonos argentinos emitidos luego del 2016.
El tercer gran núcleo lo constituye el denominado Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, integrado por una decena de fondos, entre ellos, Blackrock, Fideliity y Ashmore.
Este grupo dice poseer en forma conjunta un 16% de los títulos emitidos en los canjes del 2005 y 2010 y un 32% de los bonos emitidos luego del 2016.
Un FMI con “sentido común”
Una vez que reestructure la deuda de ley extranjera en manos de privados, Argentina pretende abrir negociaciones formales con el FMI con el objetivo de aplazar por tres años los vencimientos con el organismo.
La abultada deuda se generó por un acuerdo de auxilio financiero firmado en el 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con el Fondo, por entonces liderado por Christine Lagarde.
El pacto, con duras metas fiscales, preveía préstamos totales por un récord de US$ 56,300 millones, de los cuales llegaron a desembolsarse US$ 44,220 millones.
El Gobierno de Fernández ha cuestionado severamente ese acuerdo, pero destaca el cambio que ha supuesto la llegada de Kristalina Georgieva a la conducción del organismo.
El FMI, que, según Fernández, ahora “lee con sentido común la economía” y dejó de ser “dogmático”, ha apoyado a Argentina en su intención de reestructurar la deuda con acreedores privados y ha señalado que el país suramericano debe lograr US$ 55,000 millones y US$ 85,000 millones en los próximos diez años.
