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Bolivia ha afrontado varias disputas legales por las nacionalizaciones que se realizaron desde el 2006 y que le han costado al país más de US$ 714 millones a favor de unas doce firmas extranjeras afectadas por esa política impulsada por el entonces presidente Evo Morales.
La nacionalización de sectores considerados estratégicos fue un objetivo desde que Morales asumió la Presidencia en el 2006 y que derivó en expropiaciones en áreas como hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y minería, entre otras.
El último de los fallos fue a favor del banco español BBVA al que Bolivia deberá indemnizarlo con US$ 105 millones.
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha sido la entidad encargada de la defensa legal de Bolivia ante esos litigios, que no han sido favorables para el país por lo que desde distintos sectores piden la renuncia del actual procurador Wilfredo Chávez.
Claves de las doce nacionalizaciones
Inversiones Energy Bolivia S.A.
Bolivia pagó US$ 184 millones a la empresa eléctrica subsidiaria de GDF Suez S.A. después de un proceso de conciliación por la nacionalización en el 2010 de sus acciones en la eléctrica Corani.
Carlson Dividend Facility S.A.
La PGE estableció que este caso con la empresa de capital sueco “no llegó a constituirse” en un tribunal arbitral al alcanzar una “conciliación previa” mediante el pago de US$ 240,000 por la nacionalización también en Corani.
The Bolivian Generating Group
El caso data del 2010 por una nacionalización que afectó a la empresa eléctrica conformada por firmas de Francia y Reino Unido por lo que se pagaron más de US$ 10.2 millones tras un proceso de conciliación que desestimó el arbitraje.
Rurelec
El caso se asentó en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya y en el 2014 se resolvió que Bolivia debía pagar a la firma británica a cargo de la Empresa Eléctrica Guaracachi más de US$ 36 millones.
Esta controversia es considerada por la Procuraduría boliviana como un laudo arbitral “favorable” puesto que la empresa reclamaba US$ 142.3 millones.
Red Eléctrica Internacional
En el 2012 se decretó la nacionalización de la Transportadora de Electricidad (TDE), filial de la española Red Eléctrica, que dos años más tarde presentó una demanda ante la CPA. El pago que se fijó en US$ 62.2 millones pese a que la compañía pedía US$ 200 millones.
Pan American Energy (PAE)
El proceso con la firma petrolera angloargentina se resolvió en el 2014 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con el pago de más de US$ 354 millones. La subsidiaria de PAE pedía una indemnización de US$ 1,493 millones.
Iberdrola S.A.
La nacionalización de cuatro filiales de la eléctrica española Iberdrola se produjo en el 2012 y la empresa recurrió a la Corte Permanente de Arbitraje que en el 2015 estableció el pago de US$ 34.1 millones.
Paz Holdings Ltd.
Esta empresa británica, que tenía un porcentaje minoritario en las eléctricas expropiadas en el caso de Iberdrola, recibió una compensación de US$ 19.5 millones.
South American Silver
Este caso es considerado por Bolivia como otro de los procesos con un laudo arbitral “favorable”, ya que se pagaron US$ 42.6 millones de los más de US$ 150.8 millones que exigía la compañía de firma canadiense por la nacionalización de la minera Mallku Khota, que desencadenó fuertes enfrentamientos entre mineros y pobladores.
Quiborax S.A.
Es uno de los casos más polémicos que comenzó durante el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005) y por el que Bolivia pagó a la firma de capital chileno más de US$ 42.6 millones, la empresa exigía más de US$ 150.8 millones. Por este litigio el actual gobierno busca abrir un juicio en contra del exmandatario.
Jindal Steel
En el caso que involucra a la firma de la India, contratada para la explotación de yacimientos de hierro en el este boliviano, “no existe ningún monto pagado por el Estado”, afirmó la Procuraduría en referencia a que ese país recurrió a la Cámara de Comercio Internacional que dijo no tener jurisdicción.
Banco BBVA
El Ciadi dictó recientemente un laudo arbitral en el que obliga a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con US$ 105 millones por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
El BBVA argumentó que ese retraso ocasionó que se extendiera su presencia en Bolivia y la imposibilidad de hacer uso de sus inversiones.
Otros casos
Las nacionalizaciones en Bolivia también han seguido conductos de negociación, como es el caso de la petrolera europea Shell o la compañía italiana Telecom.
En el 2017 el Gobierno boliviano logró un “acuerdo transaccional definitivo” con la española Abertis para pagarle una indemnización de US$ 23 millones por la nacionalización en el 2013 de su filial Sabsa, que gestionaba los tres principales aeropuertos del país.
