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El independentismo catalán pondrá a prueba el sábado su capacidad de movilización en la tradicional manifestación separatista por la fiesta regional de Cataluña, a pocos días de retomar las negociaciones con el gobierno español en un clima de renovada tensión.
Esta marcha por la Diada del 11 de setiembre, convertida desde el 2012 en escenario de masivas protestas independentistas, llega en plena controversia después de que Madrid decidiera el miércoles suspender la ampliación del aeropuerto de Barcelona, alegando falta de confianza en el ejecutivo catalán.
Ambas partes habían pactado en agosto la inversión de 1,700 millones de euros en este controvertido proyecto que rechazaban los ecologistas.
“Con la decisión de ayer, el gobierno del Estado constata que no tienen voluntad de diálogo”, lanzó este jueves el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta medida que calificó de “chantaje”.
“Nunca han tenido la voluntad de invertir en Cataluña”, agregó recogiendo una de las reivindicaciones constantes del independentismo.
De perfil más moderado y partidario del diálogo con el Estado para conseguir celebrar un referéndum de autodeterminación, Aragonès afirmó, sin embargo, que este último choque no condiciona el futuro de la mesa de negociación que debe reanudarse la próxima semana.
Moral baja
Antes, la influyente Asamblea Nacional Catalana (ANC) pretende ocupar el sábado las calles de Barcelona con una manifestación que en el 2014, en plena escalada separatista, llegó a congregar a 1.8 millones de personas, según la policía municipal.
Pero muchas cosas han cambiado en los últimos años. El clímax del frenético otoño del 2017 -cuando el gobierno catalán llegó a declarar una efímera independencia que acabó con su autonomía intervenida y sus líderes presos o huidos-, dejó paso a una etapa de decepción entre los separatistas, enfrentados sobre qué estrategia adoptar ahora.
“Después del 2017 la moral había bajado”, señala Berta Barbet, investigadora política de la Universitat Autònoma de Barcelona, para quien la permanencia en prisión de los nueve dirigentes independentistas condenados daba al movimiento un motor para seguir luchando. “Ahora, sin esta causa, la falta de elemento motivador es clara”, agrega tras los indultos concedidos en junio por el gobierno español.
En un revés a su causa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no admitió las denuncias de dos personas que afirmaban haber sufrido cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017.
Tampoco ayuda a reactivar el fervor el delicado equilibrio del nuevo ejecutivo autonómico, donde son frecuentes las fricciones entre la gobernante Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) de Aragonès y las alas más radicales del secesionismo, que no renuncian totalmente a la vía unilateral.
Esta Diada se espera, por tanto, en la línea descendente que llevó a la calle a 600,000 personas en el 2019, la menor cantidad de los últimos años. En el 2020, las restricciones sanitarias obligaron a celebrar una versión reducida que no alcanzó los 60,000 asistentes.
¿Acuerdo imposible?
Pese a todo, el independentismo sigue muy arraigado en esta rica región del noreste español, con 7.8 millones de habitantes y un potente sentimiento de agravio financiero.
Prueba de ello es que en las elecciones autonómicas de febrero, el nacionalismo aglutinó algo más del 50% de los votos que, tras semanas de tensas negociaciones, dieron la presidencia a Aragonès.
Socio clave en el Congreso español para mantener la coalición minoritaria de Pedro Sánchez en Madrid, la llegada de ERC a la Generalitat tuvo efectos inmediatos: en apenas unas semanas, el gobierno central indultó a los presos independentistas y ambos presidentes consensuaron retomar la mesa de negociación.
Pero a pocos días de reunirse, todavía no se conoce ni la fecha exacta del encuentro, ni si Sánchez asistirá.
Lo que sí se sabe es que ambas partes llegan con hojas de ruta completamente opuestas.
El gobierno español no contempla aceptar las dos demandas clave del independentismo: la celebración de un referéndum de autodeterminación, que requeriría modificar la Constitución, ni una amnistía para los encausados por participar en el desafío secesionista del 2017.
“El margen de acuerdo es estrecho o nulo”, considera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluis Orriols.
“El gobierno central puede ceder competencias, puede buscar hacer algún referéndum sobre un encaje distinto, pero dentro de unos márgenes que no violenten la Constitución”, subraya.
