Hong Kong o el desmantelamiento de la sociedad civil

De reclamar en las calles una mejora de su sistema democrático a la detención de activistas y opositores, y al desmantelamiento forzoso de organizaciones de la sociedad civil: en menos de dos años Hong Kong ha pasado de ser una sociedad vibrante a ver censurado casi cualquier atisbo de disidencia.

Solo entre enero y septiembre de este año medio centenar de organizaciones hongkonesas han decidido disolverse para minimizar los riesgos para sus miembros de ser acusados de alguno de los supuestos de la polémica Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor el 30 de junio del 2020 y que pena hasta con cadena perpetua la “secesión” o la “confabulación con fuerzas extranjeras”.

Se trata de agrupaciones como la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China (HKA, en sus siglas en inglés), de Wall-fare (dedicada a luchar por una mejora de las condiciones de vida de los presos), del sindicato de profesores profesionales de Hong Kong o del Grupo de Apoyo a Abogados de Derechos Humanos de China.

También algunas de corte más político como Studentlocalism o Demosisto, fundada entre otros por Joshua Wong - activista actualmente encarcelado por su participación en distintas manifestaciones hongkonesas - y que se disolvió el mismo día de entrada en vigor de la citada ley.

La última en unirse a esta larga nómina es Amnistía Internacional (AI), que no se disolverá, pero sí anunció hoy que su sede local dejará de operar el próximo domingo, mientras que la oficina regional cerrará antes de final de año.

Un ambiente hostil

“Hemos decidido disolvernos porque la Policía nos ha solicitado mucha información y no podemos seguir trabajando como hasta ahora en el ambiente que hay ahora en Hong Kong”, asegura una fuente de una de las organizaciones disueltas, que prefiere permanecer en el anonimato para evitar más riesgos.

“Es una decisión triste, con todo el trabajo que la asociación ha hecho”, agrega.

Tanto la página web como los perfiles en redes sociales de esa y otras organizaciones han desaparecido también, después de meses operando bajo mínimos.

La velocidad a la que se ha ido deteriorando el panorama la muestran casos como el de la hasta ahora vicepresidenta de la HKA, Hang Tung Chow, quien aceptó el mes pasado una entrevista con Efe que no pudo llevarse a cabo puesto que seis horas después de remitir la confirmación, en la madrugada del 7 al 8 de setiembre, la Policía de Hong Kong llegó a su puerta para llevársela detenida.

Días antes de su detención -el pasado 8 de setiembre, acusada de incitar a la participación de la tradicional vigilia anual por la masacre de Tiananmen, prohibida desde el 2020 por las autoridades so pretexto de la pandemia-, Chow y otros líderes de la HKA habían desafiado los requerimientos policiales de información al considerar que estos carecían de base legal y suponían un “abuso de poder”.

Asimismo, rechazaron la acusación de la Policía de ser “un agente extranjero” o de actuar en nombre de entidades foráneas.

“De este modo os demostramos que vuestra intimidación (policial) termina aquí. No os vamos a ayudar a propagar el miedo”, apuntó Chow tres días antes de su detención, momento desde el que permanece bajo custodia.

Silencio creciente

Otras dos fuentes consultadas -activas en las relaciones con la prensa extranjera en años anteriores- no respondieron a Efe, una deriva cada vez más habitual debido al clima político en este territorio.

Todo esto a pesar de que Pekín se comprometió a respetar las libertades vigentes en 1997 y durante al menos cincuenta años mediante la firma de la Declaración Sino-Británica de 1984, que articuló la retrocesión de parte de la antigua metrópolis, el Reino Unido.

También se ha resentido la prensa, con el caso del cierre del tabloide Apple Daily como el más sonado de todos, ya que las autoridades congelaron las cuentas del diario, propiedad del magnate Jimmy Lai, actualmente en prisión por su participación en manifestaciones no autorizadas.

Asimismo, Lai está acusado de “confabulación con fuerzas extranjeras” por dos tramas que habrían buscado lograr sanciones internacionales contra las autoridades, según la información publicada por el rotativo hongkonés South China Morning Post.

Además, con la nueva legislación electoral, impulsada este año por Pekín, también se pone en la diana a la oposición hongkonesa, ya que se ha restringido aún más el ya de por sí limitado sistema de sufragio hasta ahora imperante, de manera que se minimizan las opciones de acceder al poder de sectores no simpatizantes con las directrices del Gobierno chino.

Según las autoridades chinas se trata de una forma de garantizar que “solo los patriotas gobiernan Hong Kong”, si bien se aplica una vara de medir del patriotismo que contempla solo la visión del término que tiene Pekín.

“Temor sin precedentes”

Desde la rama hongkonesa de la organización defensora de los derechos humanos AI, Kai Ong -seudónimo usado por motivos de seguridad- considera que la Ley de Seguridad Nacional “ha provocado un temor sin precedentes entre los grupos de la sociedad civil”.

“La ley ha restringido el espacio de actuación de la sociedad civil -añade la fuente- porque incluso expresiones legítimas bien protegidas bajo normativa internacional pueden contemplarse como actividades criminales en Hong Kong”.

Según la portavoz de AI, “muchos (trabajadores de estas asociaciones) han hecho una pausa en su trabajo, han cortado relaciones con socios extranjeros o incluso se han disuelto por temor a ser procesados”.

“La reciente redada muestra que las autoridades están intentando dos cosas: la primera, silenciar la disidencia. Los grupos de la sociedad civil más importantes que se oponían al gobierno están ahora o disueltos o bajo investigación”, señala.

“La segunda es intentar reducir la capacidad de los hongkoneses de expresar su oposición hacia el Gobierno de manera organizada. Al forzar la disolución de grupos de la sociedad civil, las autoridades rompen las redes de esta y les dificultan la labor a quienes quieran recopilar recursos para expresar distintas opiniones”.

Esto supone, según Kai Ong, que “habrá menos formas, si es que queda alguna, de que distintos grupos sociales expresen sus preocupaciones y opiniones”.