Los votantes uruguayos van a las urnas este domingo, en una carrera presidencial ensombrecida por una polémica reforma jubilatoria.
Mientras las posibles consecuencias fiscales de la propuesta de seguridad social tienen en vilo a los inversionistas, la campaña principal la protagoniza un renaciente partido de izquierda que busca desbancar a la coalición gobernante de centro-derecha aprovechando el malestar por la delincuencia y la economía.
Según las encuestas, el candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se impone cómodamente ante su rival más cercano, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, pero no alcanza la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta contra Delgado el 24 de noviembre.
“Lo más probable es que no elijamos un presidente el domingo y pasemos a segunda vuelta”, indicó Mariana Pomies, directora de la encuestadora Cifra.
La presidencia y todos los escaños del Congreso están en juego en las elecciones generales que se celebran cada cinco años y en las que el voto es obligatorio para los 2.7 millones de electores inscritos en Uruguay. La Constitución impide al presidente Luis Lacalle Pou optar a la reelección inmediata.
El voto de protesta a favor de los partidos más pequeños podría evitar que el Frente Amplio y el oficialismo ganen el control de la Cámara Baja y posiblemente incluso del Senado, según Pomies. Sin embargo, mientras que en otras campañas recientes en América Latina se ha visto a populistas con planes radicales que han puesto en vilo a la sociedad, Uruguay ha desafiado esa tendencia y los principales partidos han presentado a políticos convencionales y predecibles.
Orsi, gobernador durante dos períodos del segundo departamento más poblado del país, con 3.4 millones de habitantes, que se ubica entre Argentina y Brasil, ha prometido impulsar el crecimiento económico, luchar contra la delincuencia y reformar el sistema de seguridad social. El ex profesor de historia de 57 años eligió al respetado economista Gabriel Oddone como su ministro de Economía.
Delgado, que fue asesor principal de Lacalle Pou, promete continuar con las políticas proempresariales del Partido Nacional para convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina en 2030. También ha prometido luchar contra la delincuencia, en medio de un aumento de los asesinatos desde 2022. El exlegislador de 55 años nombró al antiguo presidente del banco central Diego Labat como su probable jefe de finanzas.
Uruguay celebra elecciones en el contexto de una economía que, según el banco central, crecerá un 3.5% este año, tras una década de crecimiento promedio de alrededor del 1% anual. Sin embargo, la recuperación pospandémica no ha llegado a todos por igual.
La pobreza afecta a casi una quinta parte de los niños y miles de familias siguen viviendo en asentamientos informales. Una creciente flota de vehículos eléctricos comparte las calles de la capital con carros tirados por caballos conducidos por trabajadores pobres que rebuscan en la basura de los barrios más ricos de Montevideo. El gobierno de Lacalle Pou ha luchado por contener los delitos violentos, con 10.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes el año pasado, según datos del gobierno, casi el doble de la misma medida en Estados Unidos.
“La percepción del público no coincide con los datos. Un tercio de los uruguayos piensa que la economía funciona mala, hay otro tercio que opina que funciona bien y otro tercio que piensa que no es buena ni mala”, señaló Pomies.
Los uruguayos también deberán votar el domingo para modificar la Constitución con el fin de reformar radicalmente el sistema de seguridad social y permitir que la policía realice allanamientos nocturnos de los hogares con una orden judicial. El voto para estas propuestas, técnicamente conocido como plebiscito, es opcional.
El plebiscito de seguridad social ha asustado a los inversionistas, que temen que provoque mayores déficits y debilite los mercados de capitales locales al eliminar los fondos de pensiones que administran más de US$ 23,000 millones. También aumentaría la pensión mínima y reduciría la edad de jubilación.
El apoyo a la reforma de la seguridad social se encuentra justo por debajo de la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. Pero con un gran porcentaje de votantes indecisos, los inversionistas temen que Uruguay pierda su atractivo como refugio para la estabilidad financiera. Orsi y Delgado se oponen a la propuesta, aunque el Frente Amplio no ha adoptado una posición oficial.
Si gana el plebiscito, el peso uruguayo podría depreciarse hasta un 10% en los días posteriores a la votación y desencadenar una venta masiva de bonos del Estado, según Sebastián Arena, jefe de ventas y trading de la corredora local Nobilis, que administra activos por US$ 1,300 millones.
“En el caso que el plebiscito no se apruebe, el escenario base es una apreciación del peso y un aumento en precio de los bonos tanto en unidades indexadas como pesos nominales”, señaló Arena en una entrevista.
Las urnas estarán abiertas el domingo entre las 8:00 a.m. y las 7:30 p.m. hora local y se espera que la Corte Electoral publique los resultados preliminares esa misma noche.
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