El Gobierno de Bolivia negó que la prisión preventiva del expresidente Luis Arce por una investigación por presunta corrupción se debe a “consideraciones de carácter político”, tras los pronunciamientos en favor del exmandatario que hizo Venezuela y el bloque bolivariano ALBA.
La Cancillería boliviana indicó que la detención preventiva de Arce dispuesta por un juez “se enmarca en un proceso de investigación iniciado hace varios años” por sus “presuntas responsabilidades” como ministro de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc).
“Dicho proceso antecede a su desempeño como jefe de Estado y no se encuentra vinculado a su condición de expresidente ni a consideraciones de carácter político”, precisó el Ministerio de Exteriores de Bolivia.
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Asimismo, precisó que la resolución judicial fue adoptada conforme a la normativa vigente del país y dentro de un procedimiento en curso, “garantizando las instancias de defensa y los derechos que asisten a toda persona sometida a investigación”.
El ministerio boliviano ratificó el principio del “respeto a la soberanía y no intervención” en los asuntos internos de los Estados y la vigencia de la “independencia de los poderes y Estado de derecho”, por lo que aseguró que las actuaciones judiciales corresponden a las autoridades competentes y en base a la ley.
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“Se exhorta a la prudencia y responsabilidad en los pronunciamientos públicos, así como al fortalecimiento de la convivencia democrática y la paz social, evitando interpretaciones que puedan desvirtuar el funcionamiento regular de las instituciones”, agregó la Cancillería.
Cabe recordar que el Gobierno de Nicolás Maduro, aliado político de Arce, alertó sobre un supuesto uso selectivo del sistema de Justicia en Bolivia como una “herramienta de confrontación política” tras la detención de Arce.
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Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su “profunda preocupación” por el encarcelamiento del exmandatario boliviano que, consideró, representa la “instrumentalización” del sistema judicial con fines de persecución política.
Elaborado con información de EFE.
La Cancillería boliviana precisó que la resolución judicial fue adoptada conforme a la normativa vigente del país y dentro de un procedimiento en curso. Foto: EFE/ Luis Gandarillas ARCHIVO
