Las mayores empresas de Colombia se preparan para un fuerte aumento de los costos de la energía en los próximos meses, en momentos en que la disminución de la producción de gas natural obliga al país a recurrir a costosas importaciones para evitar la escasez.
El presidente Gustavo Petro, que ha hecho de la lucha contra el cambio climático una prioridad, se niega a conceder licencias para explorar nuevos yacimientos, a pesar de que las reservas se están agotando. Y la producción de los pozos que se están explorando en el Caribe no entrará en funcionamiento al menos hasta 2027.
Esto ha llevado a la estatal Ecopetrol S.A. a estudiar formas para que el país compre cargamentos de gas natural licuado en el extranjero, los que podrían ser dos o tres veces más caros que el suministro nacional.
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La situación corre el riesgo de perjudicar la ya debilitada economía colombiana, que el año pasado creció al ritmo más lento desde 1999, excluida la pandemia. También podría erosionar significativamente la rentabilidad de las empresas, ya que el lento crecimiento económico dificulta traspasar los mayores costos a los consumidores.
Y aunque las reservas llevaban años cayendo antes de que Petro llegara al poder, la crisis energética representa otro obstáculo en su intento de transformar el modelo proempresarial colombiano. Con muchas de sus ambiciosas reformas estancadas, el Gobierno también enfrenta ahora un deterioro de las perspectivas fiscales.
“Vamos a tener un problema muy serio, muy rápido”, dijo el ex ministro de Minas y Energía Tomás González, que ahora dirige el Centro Regional de Estudios de Energía, con sede en Bogotá. “No puedes dejar a la industria por un tiempo sin gas. Se vuelve un impacto económico gigantesco”.
Cuando el suministro de gas es escaso, el Gobierno colombiano exige que se dé prioridad a los hogares, las pequeñas empresas y el transporte frente a la industria. Así que las empresas intentan encontrar la manera de hacer frente a la situación.
“Estaría uno loco de intentar aumentar los precios en esta coyuntura”, afirma Diego Jaramillo, quien dirige un grupo industrial que representa a los mayores consumidores de energía y gas natural del país.
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Incluso con las tarifas actuales, la electricidad y el gas representan entre el 25% y el 40% de los costos totales de estas empresas, según Jaramillo. Si se disparan una vez que comiencen las importaciones, advirtió que la industria colombiana simplemente “no será competitiva”.
Las reservas de gas disminuyeron al equivalente de 6.1 años de producción a fines de 2023, según informó el mes pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La cifra contrasta con los 7.2 años de 2022 y es la mitad que hace una década.
Incluso con algo de margen restante, Ecopetrol estima un déficit del 8% entre la oferta y la demanda total de gas a partir del próximo año, que crecería a alrededor del 25% en 2026 y al 30% el año siguiente. Las proyecciones de la empresa implican que el déficit se mantendrá por encima de ese nivel hasta 2030, cuando los yacimientos submarinos empiecen a satisfacer la demanda.
Ricardo Roa, presidente ejecutivo de Ecopetrol, sostiene que la empresa está haciendo todo lo posible para evitar el racionamiento. “Estamos trabajando para que no exista el fantasma de racionar gas a ninguno de los segmentos”, aseguró en una entrevista. “Sabemos las implicaciones para la industria”.
Por un lado, la empresa estatal busca reactivar proyectos que fueron suspendidos por falta de seguridad o de licencias ambientales. En abril, anunció un acuerdo con Parex Resources Inc. para la exploración en la zona central del Piedemonte Llanero. También se está centrando en el norte del departamento del Cesar, cerca de la costa caribeña, donde ya se han encontrado yacimientos de gas.
Según David Ángel, cofundador de la consultora bogotana Energy Transitions SAS, el incremento de la producción de los yacimientos pequeños puede ayudar a Colombia a ganar tiempo e incluso ser suficiente para evitar un déficit el próximo año. Pero con el aumento del déficit, estima que las importaciones serán necesarias a más tardar en 2026.
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La demanda promedio diaria de gas natural en lo que va del año ronda los 1,080 giga de unidades térmicas británicas y el déficit en 2026 se estima en unos 250 giga BTU. La industria suele representar el 30% de la demanda total.
Una alternativa a corto plazo es aumentar la producción del puerto privado de gas natural licuado de Cartagena, conocido como SPEC. Aunque la capacidad actual de regasificación se destina exclusivamente a las centrales térmicas, podría expandirse, lo que requeriría cambios en la infraestructura y la normativa.
A esto hay que agregar las posibles importaciones de Venezuela. Dependiendo de la disponibilidad, Roa espera en un principio unos 50 millones de pies cúbicos al día, o alrededor de 50 giga BTU. Sin embargo, con la reimposición de las sanciones estadounidenses, Ecopetrol primero necesita que se apruebe su solicitud de exención.
Desgraciadamente, el gasoducto de 224 kilómetros que conecta a los dos vecinos lleva años fuera de servicio. Y en el lado colombiano, un tramo fue destrozado por bandidos en busca de chatarra. Las reparaciones no han comenzado y podrían tardar entre 10 y 12 meses.
Pero no solo se trata de disponer de infraestructura para las importaciones. Colombia también necesita poder hacer llegar el gas a los usuarios finales.
Debido a la configuración de su red de gasoductos, y dado que el único puerto de GNL existente está en la costa caribeña, la industria del interior del país es la que corre mayor riesgo. Y ahí se encuentran las tres ciudades más grandes del país: Bogotá, Medellín y Cali.
Uno de los problemas más urgentes es aumentar la capacidad de bombeo para que más gas importado a través de Cartagena pueda llegar al gasoducto que alimenta el interior, según Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá, que incluye una unidad que es propietaria del gasoducto.
Algunas empresas no ven una fuente confiable de gas en 2026, señaló. “No hay claridad sobre el precio o si el volumen será suficiente”, sostuvo Ortega. “El gas licuado siempre va a ser más caro”.
Incluso con la caída de las reservas, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, defiende la postura de Petro en contra de nuevas perforaciones. “Ni más contratos implican más exploración, pero tampoco menos contratos”, aseguró Camacho en una entrevista. “Nuestra política está orientada a aumentar la explotación con lo que hay”.
El Gobierno también está impulsando el desarrollo de más energías renovables, como la eólica y la solar, para frenar la futura demanda de gas y cubrir el vacío que se producirá cuando despegue la producción en alta mar, señaló el ministro.
Mucho depende de esos pozos de aguas profundas. Ecopetrol declaró este año que el yacimiento Orca-1, con el que contaban las autoridades, era significativamente menor de lo estimado inicialmente. La compañía se dispone a empezar a perforar el pozo marino Uchuva-2 y planea explorar otro aún más profundo a fin de año.
Mientras tanto, Jaramillo, del grupo de consumidores industriales de gas, cree que el aumento de los precios llevará a algunas empresas a retirarse y a otras a huir de Colombia. Y es precisamente lo que teme Ana Fernanda Maiguashca, ex funcionaria del banco central que dirige el Consejo Privado de Competitividad.
“Necesitas tener confiabilidad en tu fuente de energía”, afirma. Las empresas “van a invertir donde la matriz energética ofrezca esa confiabilidad”.
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