El gobierno de Chile presionará a Venezuela para que intensifique la lucha contra la delincuencia en momentos que América Latina enfrenta la creciente amenaza del crimen organizado internacional, dijo la vicepresidenta de Chile, Carolina Tohá.
La colaboración con naciones como Ecuador, Perú y Bolivia ha dado resultados, dijo Tohá, quien también es ministra del Interior, en una entrevista en las oficinas de Bloomberg en Santiago. Chile necesita que Venezuela proporcione información sobre ciudadanos sospechosos de delitos a nivel local, y también ayude a atrapar a sospechosos que han huido al extranjero, dijo.
“Hay estrategias con toda la región. Con algunos países ha sido más fácil que con otros”, dijo Tohá. “Con Venezuela ha sido complejo”.
Tohá, quien esta semana es la vicepresidenta mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra en un viaje oficial en el extranjero, habló en momentos que el gobierno se preparaba para fuertes lluvias en el centro y sur del país.
Tohá dirige la estrategia gubernamental de lucha contra la delincuencia y es una de las ministras más influyentes y experimentadas de Chile. Algunas de sus responsabilidades son las más difíciles de la política local. La presencia en el país de bandas criminales asociadas a la organización delictiva venezolana Tren de Aragua ha hecho de la seguridad un tema primordial para los chilenos y ha pesado en la popularidad del gobierno.
“El Tren de Aragua ha golpeado a la región latinoamericana completa”, dijo. “Venezuela tiene una teoría de que ellos desmantelaron la jerarquía de esa banda. Pero la verdad es que hemos visto el dinamismo gigantesco que tiene el crimen organizado”.
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Tohá, quien en el pasado ha sido diputada y vocera del anterior gobierno de Michelle Bachelet, dijo que Chile mantendrá los canales abiertos y buscará soluciones con el gobierno de Venezuela, mientras que también expondrá su punto de vista ante organismos internacionales.
“Venezuela tiene ciertas obligaciones internacionales con nosotros y a nivel multilateral que deben cumplir”, dijo Tohá.
El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El crecimiento del Tren de Aragua está estrechamente ligado al éxodo de más de 7 millones de venezolanos en la última década. Países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile han expresado su preocupación por los secuestros, el narcotráfico y los asesinatos que atribuyen al grupo.
La semana pasada, el gobierno envió una nota de protesta al gobierno de Nicolás Maduro después de que el fiscal Tarek William Saab alegara que funcionarios de inteligencia chilenos estaban implicados en el secuestro y asesinato este año del refugiado político venezolano Ronald Ojeda. Chile ha dicho que Venezuela no está dispuesta a ayudar en la investigación del asesinato.
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Mejores cifras
La administración Boric recibió algunas buenas noticias en abril. Datos del gobierno mostraron que los homicidios cayeron un 6% en 2023 después de haber aumentado el año anterior. Según Tohá, las cifras de 2024 han seguido mejorando desde marzo.
“Los números están mejores que el año pasado, pero todavía es temprano”, dijo Tohá. “Tenemos que mantener esa inflexión en el tiempo para poder decir que se logró romper esta curva ascendente que llevaba un buen tiempo”.
Un elemento central de la estrategia del gobierno es un conjunto de proyectos de ley contra la delincuencia que en mayo se colocaron en vía rápida para su aprobación. Éstos incluyen propuestas para crear un Ministerio de Seguridad Pública, proteger infraestructuras críticas y reforzar la capacidad de lucha contra la violencia de los municipios.
Tohá dijo que cada vez es más difícil llegar a un consenso debido al aumento de las tensiones políticas en el Congreso. “Hoy el ambiente en el Parlamento es muy complejo”, dijo. “Es muy difícil el trabajo, cuesta sacar adelante los debates”.
Para complicar aún más las cosas, las encuestas muestran que la percepción pública de la violencia no ha mejorado. Las mayores asociaciones empresariales de Chile, incluida la Sociedad de Fomento Fabril, o Sofofa, también han mantenido la presión sobre el gobierno para frenar la delincuencia, señalando un impacto negativo en las actividades de las empresas.
Tohá dijo que la frecuencia de los delitos violentos en Chile es mayor que antes, y que esa tendencia está alimentando las percepciones negativas del público.
Ella atribuyó ese cambio a factores que incluyen la creciente fuerza del crimen organizado a partir de la pandemia de Covid-19, el debilitamiento de las instituciones chilenas inmediatamente después de los disturbios sociales en 2019 y los esfuerzos de algunas bandas para aprovechar las olas de migración regional.
“Para el público ha sido un choque muy grande ver que en Chile se cometen delitos más violentos que antes conocíamos solo de las películas”, dijo Tohá. “Y ahora lo vemos en las calles”.
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