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Las creciente hostilidad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial en México ha generado la alarma entre especialistas y organismos internacionales ante los riesgos de la pérdida de independencia judicial, mientras crece la influencia del Ejército.
La última señal de alerta procede del secretario de Marina, José Rafael Ojeda, al declarar que el “enemigo está en el Poder Judicial” porque hay jueces que entorpecen el combate al narcotráfico.
Esta declaración resulta “muy peligrosa” para organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y “alarmante” para expertos como Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Ya no solamente es lamentable y desafortunado, sino también bastante riesgoso porque habla de una lógica en la que el Ejército y los titulares de la Marina y estas instituciones se creen con posibilidades de estar por encima de la ley”, indicó Garza Onofre.
“Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, aseguró el almirante el pasado viernes en la habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuerzas Armadas y poderosas
La polémica se intensifica por el creciente rol de las Fuerzas Armadas desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, en diciembre del 2018, con la creación de la Guardia Nacional y una reforma que les autoriza a realizar tareas de seguridad pública, además de la concesión de múltiples tareas dependientes hasta ahora de civiles.
“El compromiso nuestro es nunca jamás optar por la represión, nunca dar la orden al Ejército, a las Fuerzas Armadas, para reprimir al pueblo”, aseguró López Obrador este lunes al recordar el “autoritarismo” de gobiernos anteriores.
Pero el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) advirtió la semana pasada que el gasto militar en México tuvo su máximo en el 2020, más de 140,000 millones de pesos (US$ 7,000 millones), mientras que el de seguridad pública su mínimo en doce años, 40,000 millones de pesos (US$ 2,000 millones).
“Es más que evidente la involucración de las Fuerzas Armadas, cada vez tienen más poder, antes se esperaba con esta administración que el Ejército iba a salir de las calles a diferencia de antes, pero estas declaraciones nos confirman que están más presentes que nunca”, opinó Helden de Paz, consultora internacional de seguridad.
Pese a su intervención, México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34,681 asesinatos en el 2019 y 34,554 en el 2020, la mayoría asociados con el crimen organizado, según el propio Gobierno.
De Paz percibe que el Gobierno intenta culpar a los jueces de la exoneración de narcotraficantes, aunque su plan de seguridad es el mismo que ha fallado en gestiones anteriores.
“No vemos una estrategia de seguridad de la Marina o del Ejército que sea diferente a administraciones previas, sigue siendo el combate agresivo, existe un despliegue de las fuerzas, pero es más de lo mismo”, apuntó.
Independencia en riesgo
Mientras cuestiona a algunos jueces, López Obrador se reunió la semana pasada en privado con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y otros dos ministros que él nombró, José Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, para defender sus polémicas reformas energéticas.
El mandatario apoyó en abril una reforma judicial que amplía del 2022 al 2024 la presidencia de Zaldívar, acusado de ser cercano a su Gobierno, pese a contravenir la Constitución.
Aunque “no es nuevo” que los presidentes cabildeen sus políticas con los jueces, López Obrador lo hace “de manera muy burda”, consideró el investigador Garza Onofre.
“En definitiva no habla ni abona a una narrativa de independencia judicial o que los ministros vayan realmente a tomar una decisión a partir de argumentos jurídicos y no necesariamente por politiquería o presiones de otros poderes”, comentó.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento el pasado viernes ante la “necesidad de aclarar” que “no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente la Constitución”.
El investigador de la UNAM consideró preocupante que los jueces ocupen un espacio tan público en la narrativa política.
“El papel de los jueces y de los árbitros debe ser discreto, nunca debe ser un papel protagónico ni que se presente para interpretaciones con otros actores de la vida política” concluyó.
