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El Gobierno peronista de Argentina ha reaccionado al duro revés electoral que sufrió el oficialismo en las recientes elecciones primarias con una seguidilla de anuncios de medidas económicas que apuntan principalmente a los sectores más vulnerables, una estrategia que implicará mayor desequilibrio fiscal.
Las primarias legislativas del pasado 12 de setiembre, las primeras elecciones que afrontó el Gobierno de Alberto Fernández, saldaron con una derrota que el oficialismo peronista no dudó en atribuir a una economía que, en recesión desde el 2018, se hundió estrepitosamente por los efectos de la pandemia de COVID-19.
El revés electoral desató una crisis en el seno del Ejecutivo.
La vicepresidenta Cristina Fernández hizo públicas sus críticas a la moderación fiscal aplicada en el primer semestre de este año, lo que supuso un recorte de muchas de las ayudas sociales puestas en marcha en el 2020 ante la irrupción de la pandemia.
Reclamó además a Alberto Fernández una renovación del Gabinete de Gobierno, que finalmente se concretó, aunque sin cambios de ministros en las carteras del área económica, a excepción del Ministerio de Agricultura.
Apaciguados los ánimos en el oficialismo, lo que sobrevino es una seguidilla de anuncios de medidas de diverso alcance, que aún no ha terminado ya que se esperan más anuncios.
Aumento del salario mínimo, reducción en el número de trabajadores que pagan impuestos sobre sus salarios, un programa para reducir la informalidad de los trabajadores domésticos y un plan de jubilación anticipada son solo algunas de las medidas anunciadas en las últimas semanas, a las que también se sumaron nuevas flexibilizaciones a las restricciones sanitarias por la pandemia.
Mayor gasto y déficit
Las medidas anunciadas apuntan a poner dinero en el bolsillo de la gente para incentivar el consumo y reactivar así la economía, pero expertos advierten de los riesgos que encierra una política fiscal expansiva y sus efectos sobre la inflación, ya muy elevada en Argentina, de 51.4% interanual en agosto pasado.
Para Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting, las medidas que se están tomando “no atacan las causas para mejorar una economía en la que no hay crecimiento del empleo formal ni confianza en la moneda y con una inflación que sigue creciendo”.
Según el consultor, el Gobierno está tomando decisiones que no solo “no le garantizan un éxito electoral” en los comicios legislativos de noviembre sino que, además, le dejan un “problema muy importante” para los dos años de mandato que le quedan a Alberto Fernández.
“Las acciones anunciadas implican un aumento del gasto público, lo que genera un déficit fiscal estructural importante que el Estado, por su debilidad macroeconómica, no puede financiar más que con emisión monetaria”, dijo Piazza.
Gracias a la “cautela fiscal” aplicada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y criticada por Cristina Fernández, Argentina había logrado en los ocho primeros meses del año bajar su déficit fiscal primario al 1% del PBI, tras cerrar el 2020 con un rojo equivalente al 6.5%.
Pero la pauta presupuestaria presentada pocos días después de la derrota electoral, incluye cerrar este año con un déficit primario del 4% del PBI, lo que supondría una importante aceleración del gasto hasta fin de año.
Inflación
Entre los economistas no hay acuerdo sobre si es posible ejecutar gastos que impliquen consumir en solo cuatro meses el equivalente a tres puntos porcentuales del PBI, por eso hay consultores que proyectan para este año un déficit primario de 3.6% del PBI.
“Esta proyección asume que el Gobierno todavía intentará dar señales de prudencia en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y no elevar la base a partir de la cual deberá acentuar la convergencia fiscal los próximos años”, dijo la consultora LCG en un reciente informe.
Como sea, un aumento del déficit está en el horizonte y, de la mano, una mayor emisión de pesos argentinos, dando lugar a un “rezago monetario” que, para Piazza, generará a su vez mayor inflación.
Para el experto, “lo que no logra entender el Gobierno es que, para aumentar el ingreso real de la gente y que tenga capacidad de ahorro y consumo, hay que combatir la inflación”.
