:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/WDI37J3IJNEE7C46ZCAF64OKWU.jpg)
“Dentro de mí hay una revolucionaria sufriendo”, dice Virgen Frómeta, hermana de un cubano con ciudadanía alemana, que salió a protestar el 12 de julio en La Habana y fue condenado a 25 años por el delito de sedición.
“Pido libertad inmediata para mi hermano” Luis Frómeta Compte, de 59 años, y “para todos los presos” del 11 y 12 de julio, dice Virgen con lágrimas en los ojos.
Luis tenía 40 días de haber llegado a Cuba desde Dresde, Alemania, cuando estallaron las inéditas manifestaciones de julio pasado que sacudieron a la isla, con un saldo de un muerto, decenas de heridos y 1,395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de la ONG con sede en Miami, Cubalex.
Este técnico forestal que vivía en Alemania desde hace 37 años, estaba de visita en Cuba y se unió a la protesta del 12 de julio cuando salió a comprar ron. Grabó con su teléfono lo que encontró a su paso, agrega su hermana, una ama de casa de 56 años.
Policías vestidos de civil fueron por él a casa de su hermana el 17 de julio. Desde entonces está encarcelado.
“Nadie tumba una revolución sin armas por hablar, ni por protestar, ni por decir cuatro cosas que a nadie le gustó, ni por filmar, nadie”, dice Virgen levantando la voz.
“No mataron a nadie”
A unas cinco casas de su domicilio, en el barrio pobre de la Güinera, en la periferia de La Habana, vive Emilio Román, un albañil de 51 años, también devastado. Sus tres hijos están condenados por sedición.
El mayor, Yosney Emilio Román (25 años), y su hermana Mackyani Yosney (23) recibieron 12 años de cárcel, mientras que el menor Emy Yoslan (18) fue castigado con siete años.
El 12 de julio, la familia Román celebraba un cumpleaños. Mackyani salió por cigarrillos y en la esquina se encontró con la multitud. “Se embulló” (entusiasmó) igual que sus hermanos, narra su padre.
Durante las dos semanas que duraron los juicios en enero, Román se quedaba en la entrada del tribunal.
“No tenía fuerzas para (entrar), ver la injusticia que estaban cometiendo con todos esos muchachos”, dice en su casa, un cuarto de paredes de cemento sin pintar, donde la cama, la cocina y el baño comparten el mismo espacio.
El veredicto llegó el 16 de marzo. El Tribunal Supremo dio a conocer condenas de seis a 30 años de prisión para 128 manifestantes acusados de sedición y hurto.
El grupo de sentenciados corresponde a las manifestaciones ocurridas en la Güinera y en el municipio Diez de Octubre, dos de las protestas más violentas del 11 y 12 de julio en Cuba.
Las duras sentencias asombraron a muchos, incluso al cantautor Silvio Rodríguez, férreo defensor de la revolución cubana.
“¿Condenados a 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo”, comentó Silvio en la página del sitio de noticias Cubadebate.
“Si cometieron actos de violencia de qué se les acusa, de acuerdo en que sean juzgados y que se les apliquen penas correspondientes. Pero que yo sepa no mataron a nadie”, cuestionó el autor de “Ojalá”.
Además de los Román y los Frómeta, que han dicho que apelarán estas condenas, en la Güinera hay unos 90 hogares con algún familiar preso por las marchas.
Desilusionado, Emilio Román quiere que sus hijos abandonen Cuba, como lo han hecho miles de ciudadanos en los últimos meses, en una ola masiva de migración en medio de la crisis económica. “Que no cumplan un día más aquí dentro, en esta desgracia de país”.
El texto de sentencia dice que la hija de Román, para quien el fiscal pedía 25 años de prisión, participó “en la aglomeración de personas que encabezaron los disturbios empleando armas capaces de matar, lesionar y dañar con fuerza como fueron piedras, palos y botellas, incluidas en forma de artefactos explosivos”.
Penas “desproporcionadas”
En los videos, Mackyani solo “está con una botella en la mano”, aclara su padre. En el caso de sus hermanos, el expediente señala que “arrojaron piedras y botellas hacia los agentes del Ministerio del interior”.
Hubo manifestantes que lanzaron “botellas incendiarias” contra agentes, pero ninguno de los policías “resultó alcanzado”, admite.
Los fiscales se han defendido de las críticas argumentando que actuaron con transparencia y apegados a la ley. Se quejan además de que han sufrido amenazas incluso de muerte por su actuación.
“Pudimos probar” que había personas que querían provocar “una intervención militar en Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos”, dijo al noticiero estatal, Yohandris López, fiscal de varios procesos judiciales de la Güinera.
La Unión Europea (UE) mostró el miércoles “gran preocupación” por las altas sentencias judiciales, que consideró “desproporcionadas”, e igual que ha hechos Estados Unidos, pidió liberar “a todos los prisioneros políticos y personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión”.
