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La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el lunes su temor por una posible escalada de las tensiones en Perú ante el aumento de las protestas en diversas regiones del país, en las que ya han muerto dos personas, y pidió tanto a manifestantes como a la policía que actúen con contención.
“Nos preocupa profundamente que la situación pueda agravarse”, indicó en un comunicado la portavoz de la oficina de Naciones Unidas Marta Hurtado, quien pidió a las autoridades que “respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos y permitan ejercer el derecho a reunión pacífica y las libertades de opinión y expresión”.
La portavoz también advirtió que en algunos casos la policía podría estar ejerciendo un “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza” a la hora de responder a las protestas.
“Urgimos a la policía a asegurarse de que la fuerza sólo es usada cuando sea estrictamente necesario”, destacó en la nota oficial, donde se recordó que al menos dos jóvenes de 15 y 18 años han fallecido este domingo en enfrentamientos entre policía y manifestantes, en la región meridional de Apurímac.
Hurtado también urgió a las autoridades peruanas a garantizar que los periodistas puedan trabajar “sin miedo a la intimidación”, después de que algunos reporteros hayan resultado heridos cuando cubrían las protestas, al convertirse en objetivo tanto de la policía como de los manifestantes en algunos casos.
La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también denunció el uso indiscriminado de gas lacrimógeno para reprimir las protestas, y que en ellas ha habido decenas de heridos, entre ellos al menos cuatro oficiales de policía.
“Subrayamos la importancia de escuchar las inquietudes y quejas de la población en la actual situación, en línea con la obligación del Estado de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos”, indicó la portavoz.
Las protestas continúan hoy lunes con bloqueos de carreteras en las que miles de personas en distintas regiones del país expresan su rechazo a la destitución del hasta la semana pasada Pedro Castillo y piden la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
