Hace dos décadas el dirigente de izquierda Alejandro Bodart marchó por las calles de Buenos Aires para protestar contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual muchos argentinos entonces culparon por las ‘medidas de austeridad’ que agravaron la peor crisis económica de la historia del país.
Ahora los tambores de guerra suenan de nuevo para Bodart, quien teme que lo que parece un inminente acuerdo con el Fondo para renegociar US$ 45,000 millones de deuda se traducirá en políticas de ajuste en Argentina, donde cuatro de cada 10 personas viven en la pobreza.
“Va a haber resistencia social”, dijo a Reuters Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). “No vemos posibilidad de un país viable en el marco de un acuerdo con el FMI, entonces creemos que habría que rechazarlo”, explicó.
La postura de Bodart se encuentra en uno de los extremos de la balanza. Sin embargo, no deja de subrayar el desafío para el FMI y el Gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández de llegar a una solución que equilibre la responsabilidad fiscal con la necesidad de crecimiento.
Los argentinos tienen resquemor con respecto al potencial impacto de un acuerdo sobre el gasto público que ha sido fundamental para sostener el crecimiento económico este año.
A su vez, cualquier medida de austeridad podría ser un golpe político para el gobierno frente a las elecciones presidenciales del 2023.
Un equipo económico argentino viajó a Washington durante el fin de semana para avanzar en las negociaciones con el FMI y muchos analistas creen que las posibilidades de un acuerdo crecen a pesar de las diferencias entre las partes sobre cómo financiar una consolidación fiscal.
“No acordar no es opción, porque es peor para el país”, afirmó Hernán Lacunza, quien fue ministro de Hacienda y Finanzas durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, quien contrajo la deuda con el FMI que Argentina actualmente está negociando.
La actual coalición peronista que gobierna a Argentina acusa a Macri, un político de centroderecha, de apurarse en tomar un crédito con el Fondo en el 2018 y de incrementar el nivel de deuda exterior del país.
Para Lacunza, Argentina debe lograr avances concretos en el diálogo en el corto plazo debido al impacto que la incertidumbre está generando en la moneda del país, las reservas de divisas y los precios de sus bonos.
“Hace un año y medio que están conversando, sin avances concretos. El tiempo no es indiferente ya que la incertidumbre cuesta recursos”, explicó.
¿Ajustar el cinturón?
Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, han dicho que un nuevo acuerdo con el FMI debe evitar ajustes fiscales que podrían impactar en el crecimiento económico que registra el país tras años de recesión y la pandemia de COVID-19.
Una fuente del Gobierno dijo a Reuters en noviembre que la cuestión central con el FMI es cómo reducir el déficit fiscal sin una “política de gasto contractivo”. Argentina busca mejorar su recaudación fiscal y encontrar fondos de otros prestamistas.
Fernández también se enfrenta a la difícil tarea de recuperar votantes para los comicios del 2023, luego de una dura derrota en las elecciones de medio término el mes pasado en la que el peronismo perdió la mayoría que tenía en el Senado desde 1983.
Ese panorama político podría poner a prueba cualquier decisión de reducir el gasto público, en especial con la postura abiertamente crítica hacia el FMI de la poderosa vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que pide por un mayor gasto público.
“Tanto por necesidades ideológicas y políticas es difícil imaginar cualquier tipo de enfoque ortodoxo y disciplinado hacia políticas fiscales y monetarias, no importa que es lo que se escriba en un acuerdo con el FMI”, dijo Benjamin Gedan, vicedirector del Latin America Program en el Wilson Center en Washington.
Gedan, sin embargo, cree que se llegará a un acuerdo, mientras el Gobierno este mes busca enviar al Congreso argentino un plan económico plurianual bendecido por el FMI, que funcionaría de cimiento para un nuevo acuerdo.
“Se supone que se va en la senda correcta, pero habrá que esperar”, dijo una fuente del Gobierno que pidió no ser nombrada con respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en lo que queda del año.
Un plan económico con el apoyo del FMI probablemente implicaría metas para el balance fiscal, la recuperación de las menguantes reservas del banco central, planes para reducir una inflación que galopa en torno al 50% y desarmar controles a capitales que han creado un abanico de distintas tasas de cambio.
Edward Moya, un analista en la corredora de divisas OANDA, manifestó que un acuerdo nuevo probablemente implicaría que la tercera economía de Latinoamérica tenga que tomar un vaso agrio.
“Argentina todavía está luchando contra un muy difícil problema de deuda, una crisis de moneda y la falta de reservas, que es el motivo por el que no tiene el dinero para pagarle al FMI”, indicó Moya.
“Esta película probablemente no termine bien para los argentinos, ya que el FMI va a pedir importantes recortes en el gasto público”, agregó.