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Las aplicaciones para controlar el contagio de coronavirus, que tanto preocupan en occidente, son omnipresentes en China, donde las autoridades almacenan grandes cantidades de datos personales de sus ciudadanos.
Los chinos no tienen otro remedio porque las aplicaciones se ponen en marcha sin su consentimiento. Pero en su mayoría parecen aceptar que el sistema siga sus itinerarios.
“La epidemia es un contexto particular. Por eso divulgar mis desplazamientos no me molesta. La vida humana es lo más importante”, dice Debora Lu, de 30 años, una empleada que vive en Shanghái.
La aplicación creada por el gobierno se basa en los datos de geolocalización de los operadores y analiza los desplazamientos del usuario en los 14 días anteriores, en particular para saber si estuvo en una zona de riesgo o se cruzó con un enfermo de COVID-19.
Además de esta hay muchas aplicaciones similares en China, donde se registraron desde el comienzo de la pandemia 4,633 muertos por coronavirus.
En Pekín por ejemplo el sistema “Health Kit” no utiliza la geolocalización sino otras fuentes de información como billetes de tren, de avión, controles de identidad en la entrada a la capital o resultados de tests.
Todas las aplicaciones tienen en común que el usuario, después de descargarlas, tiene que introducir su nombre, su número de identidad, su teléfono y a veces su foto.
El sistema genera entonces un “código de salud” verde (no hay problema), amarillo (obligación de quedarse en casa en cuarentena) o rojo (cuarentena en un hotel cerrado, previsto para ello).
“Supongo que más del 99% de la población considera que es un buen método”, declara Li Song, de 37 años, un actor de Shanghái.
“No es como si unos piratas informáticos te robaran el código de la tarjeta de crédito”, apunta Charlotte Wang, de 33 años, contable en la ciudad de Pekín.
“Sacrificarse”
La geolocalización permite automatizar la búsqueda de personas que estuvieron en contacto con enfermos. También facilita la vuelta al trabajo y las salidas de ocio.
El código verde demuestra que en principio se tiene buena salud y es un salvoconducto para acceder a edificios, restaurantes, estaciones o comercios.
“Es una diferencia de cultura entre China y Occidente”, apunta Cui Xiaohui, un profesor del centro de investigación sobre megadatos e inteligencia artificial de la universidad de Wuhan, la ciudad donde apareció el nuevo coronavirus.
“La mayoría de chinos están dispuestos a sacrificar un poco su vida privada si realmente es por la salud”, asegura.
En Francia hay debate sobre una aplicación llamada StopCovid que usa la tecnología Bluetooth, menos intrusiva que la geolocalización y que permitiría a los enfermos advertir anónimamente a las personas con las que se cruzaron.
El ayuntamiento de Pekín asegura que los datos personales "solo se utilizan para luchar contra la epidemia". Y dice que solo tiene acceso al apellido de la personas y a las dos últimas cifras del número de identidad.
“Pero al final, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Están a la merced de un pirata? Es esto el quid del problema para la gente”, apunta Cui Xiaohui.
“El propio estado no venderá esa información. Pero siempre hay el riesgo de que un funcionario lo haga para su beneficio personal”, asegura.
Con la explosión del comercio en línea, los chinos están cada vez más atentos a sus datos. Las empresas almacenan cada vez más números de teléfono de identidad o preferencias de compra.
“China todavía no tiene una ley o una reglamentación específica sobre la protección de los datos personales”, apunta Zhou Lina, una profesora de la universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín, especialista en la protección de datos.
El arsenal legislativo sumó en los últimos años una ley sobre ciberseguridad (2017) que limita los abusos de los gigantes de internet.
Sin embargo estas leyes no limitan la capacidad del gobierno para acceder a datos personales, apunta Jeremy Daum, un especialista de derecho chino en la universidad de Yale (Estados Unidos).
“Cuando hay una investigación penal, por ejemplo, la policía tiene un poder enorme para reunir información”, indica. “La ley parte del principio que los controles internos son suficientes para evitar los abusos del Estado”.
