La compañía Thomas Greg & Sons presentó este martes una propuesta de conciliación a la Cancillería colombiana por 107,500 millones de pesos (más de US$ 25 millones) por declarar desierta la licitación abierta en mayo para la expedición de los pasaportes y en la que participaba esta empresa.
La compañía detalló que pretende que se declare nula la resolución con la que se determinó como desierta la licitación pública para la expedición de pasaportes y que, en caso de que sea rechazada esa petición, “se condene a pagar” a la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por varias empresas incluida Thomas Greg & Sons, “la utilidad dejada de percibir”.
Esta utilidad, agregó la empresa en la solicitud, es equivalente a US$ 25.3 millones.
La compañía también pidió que “se condene al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el daño reputacional sufrido por la Unión Temporal Pasaportes 2023″.
El pasado 2 de octubre, la Cancillería garantizó la continuación de la expedición de pasaportes, a pesar de que el contrato con Thomas Greg & Sons, la empresa que se ha encargado de estos documentos durante los últimos 17 años, culminaba ese día y recalcó que abrirá una nueva licitación.
“Me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos”, dijo el canciller colombiano, Álvaro Leyva, en un comunicado.
En ese sentido, la Cancillería apeló a la figura de urgencia manifiesta que permitió al Gobierno prorrogar por un año más el contrato de Thomas Greg & Sons, mientras abre una nueva licitación.
Polémica licitación
En septiembre pasado, la Procuraduría (Ministerio Público) abrió una investigación contra Leyva y el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por supuestas irregularidades en la suspensión de la licitación para expedir los pasaportes.
La decisión de declarar desierta la licitación se tomó después de que Thomas Greg & Sons fuera señalada por otras compañías que advirtieron que no existe una libre competencia en la adjudicación de este contrato, al que todavía le restaban tres años más.
“Se estaba favoreciendo la contratación para que la ganara Thomas Greg & Sons porque básicamente se pedía experiencia y capacidades que solo ellos tenían”, afirmó el mes pasado el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, en el programa Sin Carreta, del Canal 1.
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas grandes como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas las compañías se retiraron al alegar que no había garantías para competir por ese contrato.
Ante estas sospechas, la Cancillería decidió suspender el pasado 12 de septiembre la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
