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La última ronda de negociación para actualizar el Tratado de la Carta de la Energía (ETC) que protege las inversiones en infraestructuras energéticas ha concluido este viernes con un “acuerdo en principio” entre los 53 firmantes, es decir, un punto muerto que posterga a noviembre la decisión final.
El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace cuatro años y que, según acordaron las partes en una negociación en Bruselas, se actualizará automáticamente en noviembre si no se opone formalmente ninguna de las partes.
No obstante, varios Estados miembros quieren que la Unión Europea (UE) abandone ese marco jurídico, entre ellos España, Países Bajos o Luxemburgo, y el “acuerdo de principio” es un punto intermedio entre el acuerdo para renovar el tratado y la ruptura del tratado.
El ETC se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se concibió para promover la seguridad energética fomentando mercados más abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos.
Está suscrito por los Estados miembros de la UE -salvo Italia, que lo abandonó en el 2016- y países como el Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán, y contempla un sistema de protección de las inversiones, trato no discriminatorio o resolución de disputas a través de mecanismos de arbitraje.
El texto había quedado anticuado en virtud de los objetivos climáticos del Acuerdo de París del 2015 para ralentizar el cambio climático.
Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, polémica similar a la surgida con el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá, el llamado CETA.
Prueba de ello es que Bélgica llevó parte de los términos de la negociación del tratado energético al Tribunal de Justicia de la UE por reticencias al mecanismo de solución de disputas entre Estados e inversores, pero la corte desestimó este mes la demanda al considerarla prematura.
Además, las medidas de protección del medio ambiente del tratado, que se recogen en un anexo, no son voluntarias y no legalmente vinculantes, como sí lo son las resoluciones de esos arbitrajes.
La Comisión Europea, que negociaba en nombre de la UE, había propuesto “la exclusión gradual de las inversiones en energías fósiles en el ámbito del tratado”, explicó este miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.
Esta misma semana, la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió “una salida coordinada del ETC” por parte de la UE y sus Estados miembros.
Para modernizarse, el tratado tiene que ser aprobado por unanimidad por todas las partes y, en el caso de la UE, ratificado en última instancia por el Parlamento Europeo, donde también hay voces que censuran el ETC.
El “acuerdo en principio” alcanzado este viernes ofrece protección a las inversiones en línea con “los estándares reformados y modernizados desarrollados por la UE en sus recientes acuerdos bilaterales, preservando el derecho de los gobiernos a perseguir sus objetivos de política pública, incluida la mitigación y adaptación al cambio climático”, señaló la CE.
“Esto preserva completamente la capacidad de la UE para desarrollar nuestras políticas climáticas”, agregó el Ejecutivo comunitario.
El texto modificado, según el acuerdo, contiene nuevas definiciones sobre “inversión” e “inversión” para proteger a las compañías con “intereses económicos sustantivos, pero no a las ‘empresas de buzón’”.
El texto actualizado también reafirma el compromiso de respetar “los principios laborales fundamentales reconocidos internacionalmente y acuerda abstenerse de rebajar sus estándares para atraer inversiones a través de la denominada cláusula de no regresión”.
La actualización del tratado, negociado con discreción y a puerta cerrada, también prevé “garantizar una mayor transparencia de los procedimientos de solución de controversias y la protección contra reclamaciones de inversión frívolas”, agregó la CE.