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La gestión de las decrecientes reservas de agua se ha convertido en un elemento tan importante para Chile, que la nación sudamericana le dará al recurso su propio ministerio.
El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para transformar el Ministerio de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, una entidad que supervisará y coordinará las 43 instituciones en Chile encargadas del agua.
Aunque tardíamente para los defensores de los derechos del agua, el Gobierno está tratando de mejorar la supervisión del que tal vez sea el sistema de agua más privatizado del mundo.
Masivos disturbios entre los chilenos por las desigualdades, la peor sequía en más de una década y el cambio climático se combinan para hacer del agua un tema clave en el proceso de redacción de una nueva Constitución. Paralelamente, los legisladores están debatiendo cambios a las leyes sobre el uso del agua.
Para resaltar el desafío, en la zona central, donde vive la mayoría de los chilenos, las precipitaciones han disminuido casi 30% en los últimos 20 años.
“Todos los modelos de cambio climático coinciden en que en las décadas siguientes este proceso va a continuar con menor cantidad de agua y aumento en las temperaturas”, dijo Alfredo Moreno, actual ministro de Obras Públicas, el viernes en una entrevista.
En Chile, la ley establece que el agua es un bien de uso público y que se debe priorizar el consumo humano. Pero la Constitución también considera el agua como propiedad privada.
Un estudio del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica mostró que entre 92 Constituciones, 31 no mencionan el agua, 10 establecen que el agua es un derecho humano, y Chile es “el único que consagra explícitamente la propiedad privada sobre los derechos de uso del agua”, según una declaración enviada por correo electrónico.
Muchos legisladores, especialmente de oposición, quieren un cambio. En los últimos años, han surgido casos de comunidades locales que se están quedando sin agua, mientras que los grandes campos cercanos continúan regando sus cultivos.
“El ministerio va a ayudar a liderar las discusiones del tema”, dijo Moreno, y agregó que el objetivo es garantizar el consumo y la inversión. “Esos derechos tienen que tener una cierta permanencia en el tiempo, ya que de otra manera esa persona no podría realizar su actividad”.
