:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TNL526X45NB35EVDYDWTIIHOY4.jpg)
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, retiró a Estados Unidos de las conversaciones internacionales sobre un acuerdo fiscal digital después de no lograr un entendimiento con los países que buscan imponer impuestos sobre los ingresos de las tecnológicas estadounidenses, dijo Robert Lighthizer, representante de Comercio de EE.UU.
La decisión suspende el enfoque anterior de la administración Trump que buscaba un acuerdo global y podría aumentar la probabilidad de que gigantes tecnológicos como Amazon.com Inc., Google, de Alphabet Inc., y Facebook Inc. se enfrenten a una ola de impuestos extranjeros.
“Tenemos una situación en la que una variedad de países han decidido que la forma más fácil de aumentar los ingresos es gravando a empresas de otros países, y sucede que son nuestras”, dijo Lighthizer. “Estados Unidos no dejará que eso pase”.
El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios. El diario Financial Times informó anteriormente que Mnuchin notificó a sus colegas europeos sobre la decisión de EE.UU. en una carta con fecha 12 de junio.
Un portavoz del Ministerio de Hacienda de Francia dijo en un correo electrónico que habían recibido la carta y que el Gobierno estaba elaborando una respuesta con otros países de la UE.
Lighthizer no descartó un posible acuerdo para evitar una escalada que pudiera implicar aranceles estadounidenses.
“La respuesta es que necesitamos un régimen internacional que no solo se centre en cierto tamaño y ciertas industrias, sino que también estemos de acuerdo en cómo vamos a gravar a las personas internacionalmente”, dijo. “Así que creo que claramente hay espacio para un acuerdo negociado”.
Solución de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está tratando de lograr un acuerdo entre casi 140 países sobre una revisión fiscal global para abordar cómo las multinacionales, particularmente las grandes empresas tecnológicas, pagan impuestos en los países donde tienen usuarios o consumidores. Un acuerdo internacional evitaría que docenas de países implementaran sus propias versiones de impuestos digitales que probablemente significarían que las empresas pagarían más. La OCDE rehusó hacer comentarios.
Varios países europeos, entre ellos Austria, Francia, España, Hungría, Italia, Turquía y el Reino Unido, ya han anunciado planes para un impuesto a los servicios digitales. Muchos otros, como República Checa, Eslovaquia, Letonia, Noruega y Eslovenia, han discutido una implementación. En abril, India amplió un impuesto digital que ha estado vigente desde 2016, tornándolo mucho más extenso que los de Europa.
EE.UU. ha tratado de utilizar aranceles para derogar o retrasar los gravámenes digitales propuestos. Lighthizer anunció una serie de nuevos aranceles sobre productos franceses el año pasado en respuesta al impuesto digital de Francia. Los dos países llegaron a una tregua este año para posponer el recaudo de ambos gravámenes hasta finales de 2020 para dar más tiempo a las conversaciones mundiales.
EE.UU. también anunció investigaciones sobre Austria, Brasil, República Checa, la UE, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y el Reino Unido este mes que también podrían generar más aranceles.
Señalamientos
El ministro de Hacienda de Francia, Bruno Le Maire, indicó que EE.UU. ha sido el único en demorar el proceso, pero aún cree que es posible llegar a un acuerdo este año.
“El último Estado que bloquea un acuerdo sobre impuestos digitales en la OCDE es EE.UU.”, dijo Le Maire en una reunión del comité de finanzas del Senado francés la semana pasada.
El plan en discusión incluye dos pilares clave. La primera parte daría a los países el derecho de gravar las ganancias basadas en las ventas dentro de sus fronteras. El segundo implementaría un impuesto mínimo global para evitar que los países bajen las tasas impositivas para competir por las empresas.
Funcionarios de la OCDE están presionando para cumplir con un plazo original de acuerdo este año, a pesar de los contratiempos de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunos funcionarios ya han reconocido que el proyecto podría extenderse hasta 2021.
