Estados Unidos se dispone a anunciar si a partir del jueves reactiva sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por bloquear a la oposición en las elecciones previstas en julio.
El gobierno del presidente Joe Biden está contrariado con la evolución del proceso electoral en Venezuela desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado.
Maduro, quien se presenta a un tercer mandato en los comicios del 28 de julio, ha respetado la parte técnica de este trato alcanzado con la oposición pero, según Washington, ha incumplido la condición de garantizar que todos puedan presentar a sus candidatos.
Maduro “ha defendido ciertos aspectos del acuerdo de Barbados, incluido el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación internacionales” pero “al mismo tiempo se le ha visto bloquear a candidatos de la oposición”, afirmó el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
La principal rival del chavismo, María Corina Machado, sigue inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también ha sido vetada.
“Muy claro”
“Hemos dejado muy claro que si Maduro y sus representantes no implementan plenamente lo convenido en el Acuerdo de Barbados, volveríamos a imponer sanciones”, levantadas para impulsar el proceso electoral, insistió Miller.
La licencia general 44, que autoriza transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas, vence este jueves.
La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800,000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400,000, pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.
Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de US$ 3,000 millones en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.
Todo indica que Maduro da por sentado que Estados Unidos reimpondrá las sanciones, a pesar de que representantes de su gobierno y funcionarios estadounidenses mantuvieron varias reuniones durante los últimos días.
“Ellos siguen chantajeando que van a quitar la licencia 44″, dijo Maduro esta semana en uno de sus programas de televisión. “Nosotros vamos a seguir adelante con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa (...) nadie nos va a parar”, soltó.
El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
Opción intermedia
Estados Unidos ya reimpuso sanciones al oro pero debe sopesar pros y contras a la hora de decidir si revierte la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales.
La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre y Venezuela es un punto en rojo, con más de siete millones de personas que dejaron el país desde 2014, según la ONU.
Además Estados Unidos, y también Europa, buscan fuentes de energía estables desde que Rusia invadió Ucrania.
Existe un escenario intermedio plausible, según Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas.
Una “posibilidad” es que “se deje morir” la licencia y que más tarde “autoricen licencias” a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni, porque eso “mantendría a Maduro interesado” en una negociación, consideró en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Sería en la línea de la otorgada al gigante estadounidense Chevron en noviembre de 2022 para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.
“Si se revoca la licencia no va a haber cambios políticos, pero la pequeña esperanza de una recuperación económica se cercena”, estimó por su parte Oscar Duval, presidente de la casa de bolsa Rendivalores.
Venezuela tuvo un crecimiento de 15% en 2022 y 5% en 2023 según el gobierno, después de ocho años de recesión, en los que el PBI se contrajo 80%.
El gobierno de Biden tiene en mente otra variable: el 20 de abril cierra el plazo para sustituir candidatos en las presidenciales venezolanas y la oposición busca a contrarreloj una “candidatura unitaria”.
Hasta ahora el chavismo ha descartado dar marcha atrás con las inhabilitaciones, pese a aceptar un mecanismo para revisarlas, al que se sometió Machado.
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