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Más de 600,000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y carecen de un estatus legal permanente están atentos a una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans que podría determinar su permanencia en el país.
Los llamados “dreamers” son parte de un programa lanzado en el 2012 por el expresidente Barack Obama llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ofrece protección contra la deportación y proporciona permisos de trabajo. Pero si estados como Texas y Misuri tienen éxito en su afirmación de que DACA se creó ilegalmente, los inmigrantes podrían ser expulsados de Estados Unidos, donde muchos construyeron vidas y formaron familias.
”Es una idea paralizante”, dijo Yahel Flores, de 28 años, beneficiario de DACA y padre soltero que vive en Winston-Salem, Carolina del Norte. Flores, un defensor de inmigración de la American Business Immigration Coalition, dijo que si pierde su estatus legal, él y su hijo de 10 años, que nació en Estados Unidos, tendrán que depender de la ayuda de la familia extendida.
Si bien la Corte Suprema estadounidense dictaminó en el 2020 que el entonces presidente Donald Trump no tenía derecho a terminar abruptamente con DACA, la lucha legal se ha desplazado a si Obama, en primer lugar, tenía autoridad para iniciar el programa.
Un panel de apelaciones de tres jueces en Nueva Orleans, todos designados por republicanos, escucharán los argumentos del caso este miércoles.
Aquellos actualmente inscritos en DACA pueden renovar sus permisos de trabajo, pero no se aceptarán nuevas solicitudes hasta que se resuelva el atolladero legal en torno al programa. Lo más probable es que termine nuevamente en la Corte Suprema porque los jueces federales en diferentes partes del país han creado un mosaico de fallos legales.
La coalición de estados liderados por republicanos que intentan detener el programa DACA argumentan que un presidente no puede usurpar legalmente la autoridad del Congreso para establecer políticas de inmigración o alterar programas federales sin seguir todos los pasos necesarios para la elaboración de normas. También exponen que DACA otorga beneficios federales, que los estados deben pagar, a grupos de personas en el país ilegalmente en violación de la ley de inmigración.
Un juez de Estados Unidos en Texas estuvo de acuerdo y declaró inconstitucional a DACA en julio de 2021. Pero dejó que el programa continuara en forma modificada mientras se desarrollaba la lucha judicial para evitar interrumpir las vidas de cientos de miles de “dreamers”.
Los abogados federales argumentaron que DACA cumple con la ley de inmigración existente porque los agentes conservan la discreción de rechazar a solicitantes específicos caso por caso, mientras enfocan recursos limitados en expulsar a los delincuentes de mayor prioridad.
Los estudios realizados por el Departamento de Seguridad Nacional muestran que los “dreamers” y sus hogares aportan US$ 5,600 millones en impuestos federales y otros US$ 3,100 millones en impuestos estatales y locales cada año.
Los abogados de la Administración de Biden enfatizaron en documentos judiciales que la capacidad de los “dreamers” para trabajar legalmente, acceder a la atención médica del empleador, comprar casas y pagar impuestos a la propiedad reduce la carga financiera de los estados para brindar educación y servicios de salud a los inmigrantes indocumentados.