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Donald Trump está tomando agresivas medidas para combatir la autoridad e independencia del organismo que supervisa su gobierno, incluidas el despido del inspector general que debe monitorear el programa de rescate del coronavirus de US$ 2.2 billones que aprobó el Congreso con apoyo de los dos partidos.
En cuatro días, el presidente despidió a un inspector general vinculado con su juicio político, castigó a otro por considerar que fue demasiado crítico de su respuesta al coronavirus e hizo a un lado a un tercero que debía asegurarse de que no se desperdician los fondos del virus. Los inspectores generales son funcionarios independientes que monitorean el funcionamiento de las dependencias del gobierno.
Las medidas estremecieron al personal de estas dependencias y crearon un abierto conflicto entre un presidente que se resiste a cualquier crítica y una comunidad encargada de combatir el fraude y los abusos.
La actitud más reciente genera dudas sobre el monitoreo del plan de rescate de US$ 2.2 billones en marcha, dando forma a un fuerte enfrentamiento entre Trump, los supervisores del gobierno y los demócratas, que exigen una seria supervisión del manejo de los fondos que deben revivir la economía.
“Vemos desde el viernes una bola de demolición que golpea la comunidad de los inspectores generales”, dijo Danielle Brian, director ejecutivo del Proyecto sobre la Supervisión del Gobierno, que monitorea a la administración.
El último mazazo se produjo el martes, cuando el Departamento de Defensa reveló que Trump había destituido al inspector general interino de ese ministerio Glenn Fine, un experimentado funcionario, por su desempeño como jefe de la junta que supervisa los gastos asociados con el coronavirus. No está claro quién reemplazará a Fine, quien también fue destituido como inspector general interino.
La presidenta de la Cámara de Representante Nancy Pelosi dijo que la abrupta destitución de Fine era “parte de un alarmante patrón de represalias de los supervisores independientes por parte del presidente”. Trump, expresó, está tratando de “ignorar medidas de supervisión pensadas para garantizar que el gobierno acata las leyes”.
Trump sostuvo el martes pasado que no participó en la decisión y que no conoce a Fine, aunque “escuché su nombre”.
El lunes Trump había dicho, sin pruebas, que un informe del inspector general que hablaba de escasez de pruebas de coronavirus en los hospitales “estaba errado” y era tendencioso. El informe tomó en cuenta más de 300 hospitales.
“¿Hablaban del inspector general? ¿En serio?”, dijo Trump cuando se le preguntó acerca de un informe de los Servicios de Salud y Humanos.
“Deme el nombre del inspector general”, exigió Trump, para luego preguntar, “¿será posible que la política se haya mezclado en esto?”.
La inspectora general interina de los Servicios de Salud y Humanos, Christi A. Grimm, es una funcionaria de carrera que asumió el cargo este año a título interino.
La medida más dramática fue el despido, tarde en la noche del viernes, de Michael Atkinson, supervisor de los servicios de inteligencia que irritó a Trump al informar al Congreso acerca de un informante anónimo que denunciaba irregularidades en los tratos con Ucrania. Esa denuncia abrió las puertas del juicio político de Trump.
Trump justificó su medida diciendo que Atkinson nunca le mencionó a él la denuncia, por más de que el trabajo de Atkinson es monitorear la Casa Blanca en forma independiente.
El despido de Atkinson motivó un duro comunicado de Michael Horowitz, funcionario del Departamento de Justicia que preside un consejo de inspectores generales y que el mes pasado anunció la designación de Fine como supervisor de la pandemia.
Mientras que Trump describió como “terrible” el desempeño de Atkinson, Horowitz dijo que su manejo de la denuncia del informante había sido un ejemplo de “integridad, profesionalismo y compromiso con el imperio de la ley”.
Las funciones de los inspectores generales de la era moderna fueron establecidas después del escándalo de Watergate, en que se crearon dependencias independientes dentro de los organismos federales encargadas de combatir los malos manejos y los abusos de poder.
Un exinspector general del Departamento de Justicia, Michael Bromwich, dijo que Trump percibe a estos funcionarios como una “amenaza dentro de la rama ejecutiva”.
“Es algo que no encaja en su visión de las cosas”, afirmó. “Valora la lealtad. No entiende el valor de la independencia porque entra en conflicto con la lealtad”.
Trump ya había hecho sonar alarmas cuando designó a Brian Millar, un asesor de la Casa Blanca, como titular de una nueva dependencia del Departamento del Tesoro que supervisa el manejo de US$ 500,000 millones asignados para ayudar a la industria en medio de la crisis del coronavirus.
Legisladores demócratas se preguntaron si alguien que trabajó para el presidente podía ser independiente y esas inquietudes aumentaron tras el despido de Fine.
“El presidente ha incurrido en una serie de medidas pensadas para neutralizar todo tipo de monitoreo de sus medidas y de las de su administración durante una crisis nacional”, declaró el representante demócrata Adam Schiff.
Cuando los legisladores daban los últimos toques al programa de rescate del coronavirus hace dos semanas, Trump dijo que “yo seré el supervisor” del programa. Y cuando estampó su firma en el proyecto, le adosó una nota que decía que algunos de sus aspectos “plantean inquietudes constitucionales” y podrían no ser implementados.
