Corte Suprema de EE.UU. | Foto: archivo
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La Corte Suprema deescucha este lunes los alegatos en un caso sobre el esfuerzo del gobierno del presidente de frenar la desinformación en línea.

Fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri presentaron una demanda en la que estiman que funcionarios gubernamentales fueron demasiado lejos en sus esfuerzos por combatir la desinformación sobre las vacunas y las elecciones.

El año pasado, un tribunal inferior restringió la posibilidad de que algunos funcionarios y agencias del gobierno interactuaran con compañías de redes sociales para moderar su contenido.

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El fallo fue una victoria para los conservadores que alegan que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como y para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la desinformación.

La orden se aplicó a una serie de agencias como la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, así como a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La decisión impidió que las agencias y funcionarios se reunieran con compañías de redes sociales o denunciaran contenidos supuestamente protegidos por la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión.

El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, acusó a los funcionarios de tratar de “dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre el covid-19, las elecciones, las críticas al gobierno y más”.

La orden podría limitar la capacidad de las principales agencias gubernamentales de notificar a las plataformas sobre contenido de odio o falso.

Pero el fallo permite que el gobierno notifique a las plataformas los contenidos sobre actividades criminales, amenazas a la seguridad nacional e intentos extranjeros de influir en las elecciones.

Además de las interacciones con las empresas de el fallo también restringió a las agencias “colaborar, coordinar y asociarse” con grupos como Election Integrity Partnership, una coalición de instituciones de investigación que abordan las mentiras acerca de las elecciones.

Algunos expertos en desinformación y en la Primera Enmienda criticaron el fallo, por estimar que las autoridades necesitan encontrar un equilibrio entre, por un lado, denunciar mentiras y por otro censurar contenidos o restringir la libertad de expresión.

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