El Gobierno de Ecuador prevé destinar a seguridad ciudadana, obras públicas y crecimiento económico los alrededor de US$ 4,000 millones que espera conseguir del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras haber alcanzado un acuerdo técnico con esta institución para un nuevo programa crediticio.
Luego de confirmar este jueves el acuerdo a nivel técnico con el FMI, el Ministerio de Economía y Finanzas indicó en un comunicado que “Ecuador busca acceder a un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 48 meses que represente un apoyo financiero de alrededor de US$ 4,000 millones”.
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, destacó que el plan económico del Gobierno de Daniel Noboa “es sólido y está recibiendo el respaldo de los organismos multilaterales”.
Vega indicó que, de darse la aprobación del directorio del FMI, Ecuador accederá a recursos frescos que ayudarán a sostener la “seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico inclusivo, que genere mas oportunidades de empleo para los ecuatorianos”.
El acuerdo técnico se logró luego de varias reuniones de trabajo entre las autoridades ecuatorianas y el personal del FMI, en las que se expusieron los objetivos de Ecuador, relacionados con un manejo “eficiente y transparente de los recursos públicos, la lucha contra la inseguridad y la corrupción, y la implementación de políticas publicas que promuevan la estabilidad económica y social”, indicó.
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Hace unas semanas el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, adelantó que Ecuador está negociando un acuerdo con el FMI para proporcionar estabilidad financiera al país, que podría estar cerrado en “los próximos dos o tres meses”.
Todo ello después de que en 2022 el país andino concluyese por primera vez en dos décadas un programa de esta institución, ascendente a US$ 6,500 millones.
A mediados de abril, Vega se reunió en Washington con altos representantes del FMI y del Banco Mundial (BM) en el marco de las Reuniones de Primavera de ambos organismos.
Ni el FMI y ni el Gobierno ecuatoriano han anticipado las eventuales medidas económicas que condicionarían la entrega de fondos.
Del anterior programa crediticio de US$ 6,500 millones desarrollado entre 2020 y 2022 quedaron pendientes de realizar las auditorías a la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, la empresa más grande del país.
Desde su llegada al sillón presidencial, Noboa logró sacar adelante en medio de la declaración de “conflicto armado interno” contra las bandas del crimen organizado la reforma tributaria más importante de los últimos años en el país, al elevar varios impuestos, entre ellos el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15%, que entró en vigor desde abril.
Con esta medida el Ejecutivo ecuatoriano estimó que recaudaría alrededor de US$ 1,300 millones adicionales, con el objetivo de cerrar la brecha del déficit estatal, que en 2022 rondó los US$ 4,800 millones, aproximadamente un 5% del producto interior bruto (PIB) del país.
Noboa también ha anticipado la posibilidad de reducir los subsidios a los combustibles más consumidos en el país, que implican un gasto estatal de aproximadamente 3.000 millones de dólares al año, y dilatar el desmantelamiento del Bloque 43-ITT, un importante yacimiento petrolero que los ecuatorianos votaron el año pasado cerrar en un histórico plebiscito.
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