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La petrolera ecuatoriana Petroecuador dice que está trabajando en apagar los mecheros de gas que se queman en la Amazonía para cumplir con el plazo impuesto por una corte local, pero el progreso es demasiado lento para las comunidades cercanas que alegan que la quema causa enfermedades.
Un tribunal en la provincia de Sucumbíos ordenó el año pasado a Petroecuador y a un puñado de operadores privados detener cientos de mecheros, que queman el gas emitido durante la producción de crudo, en áreas habitadas hasta marzo del 2023.
La quema liberó el año pasado unos 400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en todo el mundo, según el Banco Mundial (BM), y los investigadores han advertido sobre problemas de salud asociadas con la práctica.
Petroecuador espera encontrar un socio privado que invierta en la tecnología necesaria para capturar los 65 millones de pies cúbicos de gas que se emiten diariamente a través de los mecheros, que arden constantemente sobre las verdes copas de los árboles y modestas viviendas en la región amazónica.
La petrolera estatal dijo que 15 empresas han expresado interés, incluidas Promigas SA y Gran Tierra Energy.
“Parte del proceso de la captación es tratar de eliminar gradual y progresivamente estos mecheros dentro del plazo de la resolución judicial”, dijo el director de proyectos de Petroecuador, Jaime Garzón.
El objetivo es comenzar a detener los mecheros en áreas habitadas a partir de setiembre, agregó Garzón, y apagar los de las zonas las rurales dentro de dos o tres años, mucho antes del tiempo de ocho años impuesto por la corte.
Se puede montar infraestructura para capturar el gas rápidamente con la empresa adecuada, dijo el exministro de Energía Fernando Santos.
“Es más una cuestión de técnica que de inversión y si una compañía con experiencia gana la licitación no va a tener ningún problema”, añadió.
Petroecuador ya procesa unos 35 millones de pies cúbicos de gas para uso doméstico o electricidad en sus operaciones, pero espera eventualmente procesar todo el gas emitido por sus 391 antorchas, ahorrando US$ 400 millones al año.
El Ministerio de Energía se disculpó en abril con las comunidades por el retraso en la extinción de las quemas.
Los operadores privados tienen unas 66 antorchas, pero la mayor parte de ese gas ya se captura para generar electricidad, según el Ministerio de Energía.
Para los residentes de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, el cambio se está produciendo con lentitud.
“Esto nos va a matar más pronto”, dijo Fanny Tufiño, de 71 años, cuyos cultivos están a unos 150 metros de un mechero. “Afecta mucho a nuestra salud, a mí me afectó la vista”.
Violación derechos a la salud
El caso que impulsó el fallo de Sucumbíos fue presentado por un grupo de niñas locales, quienes argumentaron que la quema viola sus derechos a la salud y a un medio ambiente limpio.
“Le exijo presidente que mire a la Amazonía y apague los mecheros”, dijo Leonela Moncayo, de 11 años, una de las demandantes, citando calor, suelo seco, plantas muertas e insectos incinerados cerca de su casa.
El presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado sobre los mecheros, pero el Ministerio de Energía ha dicho que habló con Petroecuador y las firmas privadas para cumplir con el fallo.
En el país existen herramientas de aplicación limitadas para hacer cumplir sentencias, lo que podría obligar a las comunidades a recurrir nuevamente a las cortes si se retrasa el cierre de los mecheros.
La liberación de químicos como el benceno durante la quema puede desencadenar cáncer, enfermedades respiratorias y presión arterial alta, explicó Alejandro González, director de ingeniería ambiental de la Universidad de las Américas en Quito.
“Existe una relación directa entre benceno y cáncer”, señaló González, al indicar que los niños son los más afectados. “No se puede tapar el sol con un dedo, no se puede negar”.
Docenas de países y productores de petróleo, incluidos Estados Unidos, Rusia, Ecuador y Alemania, se han comprometido a detener la quema para el 2030.
En México, esta práctica se ha acelerado bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, lo que genera temores de que el país no alcanzará los objetivos ambientales.
Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, anunció el año pasado planes para reducir las emisiones de metano, incluidas las de la quema, y ha perseguido a las empresas acusadas de no controlarlas.
Petroecuador dijo que ya centralizó la quema en algunos campos, en lugar de tener una quema en cada pozo, lo que ayudará a reducir las necesidades de infraestructura. Ya se están desmantelando 49 mecheros, informó.
El abogado comunitario Pablo Fajardo señaló que Petroecuador está registrando mecheros ya apagados como nuevos cierres.
“Dicen que eliminaron tres mecheros que ya estaban apagados y que esperan eliminar 45 mecheros más en el transcurso del año que tampoco funcionan”, agregó Fajardo.
El gobierno debe garantizar que ningún nuevo contrato permita la quema, señaló, citando un estudio local que encontró que la incidencia de casos de cáncer en áreas cercanas a las operaciones petroleras era más del doble del promedio nacional.
Reuters no pudo verificar de forma independiente el estudio y Petroecuador dijo que no tiene datos sobre casos de cáncer cerca de sus operaciones.
