La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que su Gobierno está considerando permitir extradiciones a Estados Unidos de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, algo prohibido por la Constitución, como medida para combatir la escalada de violencia en el país.
Sin embargo, los ecuatorianos rechazaron ya hace poco menos de un año reformar la Constitución para incluir la extradición de personas vinculadas al crimen transnacional, en un reférendum celebrado por el gobierno del entonces presidente, Guillermo Lasso (2021-2023).
Sommerfeld agregó que el nuevo gobierno ha mantenido varias reuniones con autoridades estadounidenses, donde se han tratado temas de “seguridad” y de crecimiento económico y que espera que la colaboración continúe durante una visita de funcionarios de este país a Ecuador en las próximas semanas.
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”El problema de seguridad se desprende de un problema de falta de oportunidad que existe en los países”, explicó la canciller. “Tenemos que fortalecer la economía”, recalcó.
EE.UU. anunció ayer que varios altos cargos del Gobierno de Joe Biden visitarán próximamente Ecuador, incluyendo la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson y el encargado de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson.
Por su parte, el jefe adjunto de la Misión de EE.UU. ante la OEA, Thomas Hastings, señaló hoy en su intervención ante el Consejo Permanente que su país está ya trabajando con Ecuador para asegurar de que los responsables de la violencia “sean llevados rápidamente ante la Justicia”.
A este respecto, el abogado José Miguel Vivanco, investigador principal del Council on Foreign Relations de Estados Unidos, dijo hoy a EFE que la extradición a Estados Unidos “puede ser un instrumento extraordinariamente eficaz, como lo fue en Colombia”, para luchar contra la delincuencia organizada que tiene en jaque al Estado de Ecuador.
Pero “desafortunadamente, agregó, en el caso de Ecuador no es una opción, porque está prohibida la extradición de nacionales, no hay un acuerdo de ese tipo, lo cual hace más impotentes las opciones del Estado”, recordó este abogado chileno que durante 28 años estuvo al frente División de las Américas de Human Rights Watch.
El crimen organizado en Ecuador ha protagonizado esta semana una escalada de violencia, con al menos catorce muertos, motines en varias cárceles, secuestros, explosiones, atentados e incluso el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil.
Ante estos episodios, el presidente Daniel Noboa ha decretado el estado de excepción con toque de queda, ha declarado la situación de “conflicto armado interno” y ha clasificado a estas bandas como grupos “terroristas” y, en consecuencia, objetivos militares.
La crisis de violencia y seguridad estalló cuando el Gobierno se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por estos grupos.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles. Ecuador es uno de los países más violentos del mundo, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
