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El Senado de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley, que aún deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, mediante el cual se autoriza a las empresas privadas del país a comprar sus propias vacunas contra el coronavirus (COVID-19).
Las únicas condiciones que impone la propuesta son que el 50 % de las dosis adquiridas sean donadas a la red de salud pública y que las vacunas hayan sido previamente aprobadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), reguladora del sector en el país.
El proyecto comenzó a tramitar en momentos en que el país roza ya las 250,000 muertes y los 10,4 millones de contagios, casi un año después de haber registrado el primer caso de coronavirus.
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Jair Bolsnonaro, fue promovida por un grupo de grandes empresas privadas que pretenden inmunizar a sus empleados a fin de recuperar cuanto antes la normalidad de sus actividades productivas.
El proyecto deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, en la cual se presume que tendrá un amplio apoyo de la mayoritaria base oficialista, y ha comenzado a tramitar en momentos en que se agudiza la desconfianza en relación a la gestión del Gobierno de la pandemia y del programa de vacunación.
Hasta ahora, en Brasil han sido vacunadas unas seis millones de personas, que representan en torno al 3 % de una población de 210 millones de habitantes.
Sin embargo, en casi todo el país la campaña de vacunación ha sido virtualmente suspendida, debido a que las dosis se han agotado y hasta ahora no se ha retomado su distribución, lo cual deberá ocurrir en los próximos días.
Hasta el momento, en Brasil solamente se aplican las vacunas del laboratorio chino Sinovac y la desarrollada por AstraZeneca junto con la Universidad británica de Oxford.
En el primer caso, hay un acuerdo de cooperación con el Instituto Butantan, de Sao Paulo, que por ahora envasa la llamada Coronavac y solo comenzará a producirla localmente hacia fines de este año.
Con la vacuna de Astrazeneca existe un convenio similar con el Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Río de Janeiro, que también este mismo año prevé comenzar a producir el antídoto en sus propias plantas.
Pese a que ambos institutos brasileños no están en condiciones de iniciar su propia producción por el momento y a las dificultades de entrega en el mercado internacional, el Ministerio de Salud asegura que este año será inmunizada toda la población del país.
Sin embargo, existen dudas sobre esa posibilidad, fundamentadas sobre todo en los problemas que ha enfrentado el Gobierno en el combate a una pandemia cuya verdadera gravedad ha sido minimizada una y otra vez, y desde el inicio, por el presidente Bolsonaro.
Esa incertidumbre en torno al plan de inmunización también ha llevado a la Corte Suprema a permitir que los Gobiernos regionales y municipales adquieran vacunas por su propia cuenta, en caso de que el Ministerio de Salud no les suministre los antídotos suficientes.
La decisión respondió a una acción presentada por el influyente Colegio de Abogados, frente a la errática gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno presidido por Bolsonaro, líder de una dura y negacionista ultraderecha.
Según la Corte Suprema, en el caso de que el Gobierno federal, a través del Ministerio de Salud, no suministre las vacunas necesarias para inmunizar a la población, las administraciones regionales y municipales podrán negociar directamente con los laboratorios.
La única condición será, de acuerdo con el tribunal, que esas vacunas hayan sido aprobadas previamente por “reconocidas agencias internacionales”, aún cuando todavía no cuenten con el aval de las autoridades sanitarias brasileñas.
La polémica gestión de la crisis sanitaria, además, ha llevado a la Fiscalía, con el aval del Supremo, a iniciar una investigación en torno a supuestas “omisiones” del Ministerio de Salud en el combate a la pandemia y el uso de medicamentos de dudosa eficacia en la red sanitaria pública.
