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La capital china exigirá a partir del próximo 11 de julio una prueba de vacunación contra el COVID-19 para acceder a la mayoría de lugares públicos, informaron en las últimas horas las autoridades locales.
Los lugares que requerirán el certificado de vacunación incluyen bibliotecas, museos, cines, galerías de arte, centros culturales, instalaciones deportivas, gimnasios, lugares de entretenimiento, cibercafés y otros “puntos de reunión”.
En las principales ciudades chinas, es rutinario desde hace unos dos años el escaneo de un código QR a la entrada de lugares públicos para dejar registro de la visita y para dar fe de que el visitante no ha dado positivo en pruebas PCR recientes ni ha pasado por un lugar considerado de riesgo en los 14 días previos.
Pese a que estas aplicaciones de seguimiento también muestran si el usuario está o no vacunado, hasta el momento la inoculación no había sido un requisito para entrar a espacios públicos en las ciudades chinas.
La decisión de las autoridades se produce en un momento en el que la capital intenta fomentar la vacunación entre los ancianos y evitar que los brotes activos en diversos puntos del país se extiendan hasta dentro de sus fronteras.
Hasta el momento, la capital del gigante asiático asegura haber administrado 62,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 entre su población, de unos 21 millones de habitantes.
Según cálculos de Efe basados en cifras oficiales, aproximadamente el 95% de mayores de 60 han recibido al menos una dosis de una vacuna, aunque las autoridades no proporcionan datos específicos sobre la proporción en ancianos de edad más avanzada.
La baja proporción de vacunados entre los mayores ha sido uno de los talones de Aquiles de la estrategia china de cero tolerancia contra el coronavirus: a mediados de abril, cuando la ciudad de Shanghái (este) sufría uno de los rebrotes más graves registrados en China, solo aproximadamente el 63 % de los mayores shanghaineses de 60 había recibido una pauta completa de vacunación.
Las autoridades de Beijing también tienen presente lo ocurrido en Hong Kong el pasado marzo: la excolonia británica, que había mantenido a raya la pandemia, sufrió una ola de coronavirus a partir de mediados de febrero que provocó una media de más 100 muertes diarias en dicho mes en la ciudad, de 7,4 millones de habitantes.
Al comienzo de dicha ola, solo el 43% de los mayores hongkoneses de 80, uno de los grupos más vulnerables, habían recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que se tradujo una repentina alta tasa de mortalidad.
Al contrario que en otros países, los mayores chinos, que no tenían una sensación de urgencia dados los bajos niveles de contagios en el país, se mostraron reacios a recibir la inyección.
China continúa aplicando su política de cero covid, que incluye estrictos controles en las fronteras, el aislamiento de todos los infectados y sus contactos cercanos y confinamientos y campañas masivas de pruebas PCR allá donde se detecta algún caso.
A comienzos de este mes, las autoridades chinas habían administrado más de 3.400 millones de dosis entre su población, de unos 1.400 millones de habitantes.
Según las cuentas oficiales chinas, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 226.300 personas en el país, entre las que 220.265 han logrado sanar y 5.226 fallecieron, aunque la cifra total de infectados excluye a los asintomáticos.
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