Cinco años después del desastre minero de Brumadinho, en Brasil, los bomberos aún buscan a tres de los 270 fallecidos, mientras las familias de las víctimas esperan a que se haga justicia contra lo que consideran un “crimen irreparable” de la multinacional Vale.
Eran las 12:28 hora local del 25 de enero de 2019 cuando un dique de 86 metros de altura en la mina Córrego do Feijão se vino abajo en el Complejo Paraopeba, propiedad de la brasileña Vale, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de hierro.
El colapso de la estructura generó un tsunami de 12 millones de metros cúbicos de residuos minerales que afectó a 26 municipios del estado de Minas Gerais (sureste), en uno de los mayores desastres socioambientales de la historia de Brasil.
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La ola de lodo enterró la vida de 270 personas, aunque algunos estamentos oficiales y asociaciones de víctimas contabilizan dos más al sumar los fetos de dos mujeres embarazadas fallecidas.
Aún se busca a tres desaparecidos
Las búsquedas aún no han terminado; la angustia de los familiares, tampoco. Faltan por encontrar los cuerpos de Tiago Tadeu, Nathália Porto y Maria de Lourdes. Los dos primeros trabajaban para Vale, la tercera era una turista.
Nayara Porto tiene 32 años y perdió cuatro de sus parientes en la tragedia: su esposo, el novio de su hermana, el hermano de este y un cuñado lejano. Ella es una de las fundadoras de Avabrum, la asociación que aglutina a unos 600 familiares afectados.
“No podemos permitir que estos crímenes sigan ocurriendo en Brasil y para eso tiene que haber justicia”, afirma en una entrevista con EFE. Por el momento, ningún responsable está en la cárcel.
Vale cerró un acuerdo de reparación con el Gobierno de Minas Gerais que ascendió a los 37,700 millones de reales (7,600 millones de dólares/7,000 millones de euros al cambio actual) por los daños ambientales, morales y colectivos causados.
Eso en la esfera civil. En la penal, el proceso camina “a pasos de tortuga”, dice Porto.
El Ministerio Público Federal ha denunciado a 16 directivos y técnicos de Vale y de la consultoría alemana Tüv-Süd, acusada esta última de certificar la seguridad de las instalaciones de forma fraudulenta, por homicidio calificado de las 270 víctimas; y a ambas compañías por delitos ambientales.
Para Bruno Nominato, el fiscal federal responsable del proceso penal de Brumadinho, no hay dudas: fueron 270 homicidios dolosos.
“Sabían que (el desastre) podría ocurrir, previeron ese desenlace y aun así hicieron lo que hicieron. Era previsible, no les importó y asumieron el riesgo”, explica a EFE.
La causa tramitaba en la Justicia de Minas Gerais, pero la defensa de los denunciados, entre los que se encuentra el entonces presidente de Vale, Fábio Schvartsman, alegó un conflicto de competencias y el caso acabó en los tribunales federales por orden de la Corte Suprema en diciembre de 2022. Una maniobra para ganar tiempo, según Porto.
En la práctica, esa decisión reinició el proceso. Hoy, cinco años después, está en la fase de citación de los imputados. Después vendrá la etapa de instrucción y el juicio, que la Fiscalía quiere sea con jurado.
“Un conjunto de negligencias”
Nominato sostiene que ni las lluvias de esos días, ni unas perforaciones en la mina fueron los desencadenantes principales de la catástrofe y sí “un conjunto de negligencias” por parte de ambas compañías.
“Vale tenía estudios que indicaban la cantidad de personas que podrían fallecer en caso de que el dique se rompiera. Era consciente de que ese dique estaba en una situación de riesgo inaceptable y no tomó medidas”, denuncia.
“Esperamos que no quede impune”, añade el procurador, aunque descarta un fallo para este año, que en cualquier caso sería recurrible en instancias superiores.
La tragedia de Brumadinho llegó además tres años después de otra parecida en Mariana, también en Minas Gerais y donde la rotura de varios diques de la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, causó 19 muertos y una tragedia medioambiental enorme.
Entre las pruebas recabadas por la Fiscalía para el caso de Brumadinho hay un correo electrónico de un trabajador anónimo alertando directamente a Schvartsman del peligro de mantener activa la mina.
La respuesta de Schvartsman a ese e-mail, al que tuvo acceso Avabrum y la Fiscalía, fue: “Me gustaría descubrir quién es ese camarada que cree que puede escribir esa montaña de desafueros impunemente. Ese sujeto es un cáncer que puede obstaculizar a nuestra empresa y hacer mal a toda la organización”.
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