El impacto económico de la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre sobre su evolución a corto plazo han provocado lo impensable hace tan solo unos meses: que China decida, por primera vez, no marcarse una meta de crecimiento económico para el año en curso.
La noticia tampoco es una gran sorpresa, ya que la prensa estatal venía lanzando globos sonda al respecto desde hace semanas, pero sí que es un indicador - uno más - de lo que ha supuesto para la economía mundial el coronavirus: es la primera vez que China no se fija una meta de crecimiento desde que empezó a hacerlo en 1990.
Esta misma semana, los analistas encuestados por el rotativo oficial Global Times que pronosticaban que sí que habría una meta de crecimiento apostaban por una cifra de en torno al 3%, superior a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 1.2%, o del Banco Mundial (BM), de 2.3%. En el 2019 el avance había sido de 6.1%.
Cualquiera de estas opciones habría supuesto el peor desempeño anual de la economía china desde 1976, por lo que el Ejecutivo parece haber optado finalmente por no pillarse los dedos, máxime cuando la recuperación está siendo tímida después de que el PBI sufriese entre enero y marzo su peor contracción en más de cuatro décadas (-6.8%).
En la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), celebrada este viernes y en la que tradicionalmente se divulgan los objetivos económicos para el ejercicio en curso, el primer ministro, Li Keqiang, aseguró que esta decisión se debe a la "gran incertidumbre" a nivel mundial por el virus.
“El principal motivo por el que no hemos planteado una meta concreta es que el desarrollo de nuestro país puede verse afectado por factores difícilmente previsibles derivados de la gran incertidumbre sobre la situación mundial del COVID-19, de la economía y del comercio”, apuntó el jefe del Gobierno.
El empleo se confirma como máxima prioridad
Esta abrupta crisis económica ha causado una importante destrucción de empleo en China, donde el paro en zonas urbanas, que había terminado el 2019 en 5.2%, creció en los primeros cuatro meses del año hasta 6% de finales de abril.
Los datos oficiales sugieren una pérdida de 3.7 millones de empleos en zonas urbanas en lo que va de año, pero las estimaciones de la consultora británica Capital Economics son mucho peores: creen que desde enero se han destruido hasta 20 millones de puestos de trabajo.
Así pues, consciente de la importancia que tiene este indicador sobre la estabilidad nacional y sobre el apoyo popular a un régimen que, desde hace décadas, ha dejado de lado la ortodoxia maoísta para entregarse a la apertura económica, el Gobierno ha marcado como principal prioridad para este año “la estabilización del empleo y la protección de las condiciones de vida del pueblo”.
El empleo ya era la primera de las “seis estabilidades” marcadas por Pekín en el 2018 como líneas de actuación gubernamental, a las que recientemente se sumaron las “seis garantías”, de las que también el mercado laboral es la principal y entre las que también figuran la seguridad alimentaria o la protección de las cadenas industriales y de suministro.
En su discurso de hoy, el primer ministro chino exhortó a las administraciones regionales a “suprimir las restricciones excesivas al empleo, establecer todas las medidas necesarias para fomentar el empleo y utilizar todos los medios necesarios para incrementar (la cantidad de) puestos de trabajo”.
No obstante, más que mejorar las cifras de desempleo, parece que lo que busca Pekín es detener la sangría de puestos de trabajo, ya que el objetivo para este año será mantenerlo en torno a 6% actual y crear 9 millones de empleos (brutos, no netos).
Estas cifras serían las más bajas desde el 2013, inferiores a los objetivos del año pasado (paro del 5.5% y creación de 11 millones de empleos) e insuficientes para “estabilizar el empleo” para el analista del Banco de Comunicaciones Tang Jianwei, que esta semana indicaba en la prensa estatal que Pekín debía generar al menos 10 millones de puestos de trabajo para conseguir ese objetivo.
La meta que Pekín parece haber descartado definitivamente es la de doblar en el 2020 el PBI del 2010 - necesitaría un avance del 5.6% este año para conseguirlo -, aunque no se trataba de un proyecto del actual presidente, Xi Jinping, sino de su predecesor, Hu Jintao.
El otro de los planes marcados con anterioridad para el 2020 sí que parece mantenerse, ya que Li insistió en "eliminar la pobreza" este año en las zonas rurales, allanando así el terreno para la consecución de una "sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos".
El camino marcado por Pekín para la recuperación
En su informe, Li advirtió de que el COVID-19 causará una “grave recesión de la economía mundial” y problemas en las cadenas de suministro, así como una contracción de las inversiones y el comercio a nivel internacional.
En el plano doméstico, el primer ministro alertó de la bajada del consumo, las inversiones y las exportaciones, así como de los mayores riesgos financieros y de las dificultades por las que atraviesan las compañías, sobre todo las pymes.
Para tratar de mitigar el impacto económico que suponen todos esos factores, el Gobierno ha detallado una serie de medidas de estímulo que pasan por sobrepasar, por primera vez, el 3% en el objetivo de déficit público, situado en 3.6% para el 2020.
Julian Evans-Pritchard, analista de Capital Economics, estima que los estímulos fiscales en el 2020 podrían superar ligeramente el 4% del PBI, una tasa similar a la empleada en el 2009 tras la crisis financiera global y apunta que, al menos este año, la excepcionalidad de la situación hará que las preocupaciones sobre los niveles de deuda pasen a un segundo plano.
Bonos del Tesoro
Trece años después, China volverá a emitir bonos del Tesoro especiales por valor de un billón de yuanes (US$ 140,249 millones, 128,390 millones de euros), y se aumentará la cuota de bonos especiales para los gobiernos locales en casi 75% hasta los 3.75 billones de yuanes (US$ 525,940 millones, 481,463 millones de euros).
Parece que Pekín tirará del viejo recetario e impulsará una vez más la inversión en infraestructura para reactivar la economía, con la novedad de que se impulsarán las denominadas “nuevas infraestructuras” -redes 5G o puntos de carga para vehículos eléctricos, entre otros- con el objetivo de “activar nuevas demandas de consumo”.
En lo respectivo a la política monetaria, Li dejó claro que ha de ser “más flexible” y avanzó más recortes de los tipos de interés e inyecciones de liquidez a lo largo del año “visiblemente superiores” a las del 2019.
Para ayudar a las empresas, se continuará con la campaña de rebajas fiscales con recortes de al menos 2.5 billones de yuanes (US$ 350,626 millones, 320,976 millones de euros) en impuestos corporativos, que se sumarán a la reducción de 2.36 billones conseguida el año pasado.
Asimismo, se prorrogará hasta marzo del 2021 el aplazamiento de los pagos de préstamos e intereses para las pymes, para las que Li reclamó a los grandes bancos un aumento de más del 40% en los créditos.
Por último, el Gobierno fijó en 3.5% el objetivo para el Índice de Precios al Consumidor (IPC, principal indicador de la inflación) tras cinco años consecutivos marcándolo en 3%.