La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a casi 11 años de prisión a la excongresista Argenis Velásquez por exigirle a una de sus asesoras entregarle la mitad de su sueldo, informó el alto tribunal este viernes.
La decisión la tomó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que “condenó a 128 meses de prisión a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez como responsable del delito de concusión continuado”, informó la Corte en un comunicado.
Velásquez ocupó un escaño en la Cámara de Representantes entre 2014 y 2018. Era representantes del departamento del Putumayo.
Los hechos se remontan a un escrito anónimo en el que se daba cuenta de que Velásquez había “constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político”.
La UTL es un equipo de profesionales que asesoran a los congresistas en diferentes temas. Sus sueldos corren por cuenta del Estado y no del senador o representante.
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De acuerdo con la sentencia de la Corte, Mercedes Rojas, quien trabajó en la UTL de Velásquez, indicó en su declaración que Edwin Chávez Jojoa, esposo de la aforada, en “apego a las instrucciones de ésta, en el mes de febrero de 2016 le solicitó entregar mensualmente parte de su salario, una vez estuviera vinculada laboralmente a dicha UTL”.
En total, la empleada le entregó a la congresista unos US$ 6,000 entre marzo de 2016 y febrero de 2017 hasta cuando Rojas le dijo al esposo de la congresista que no seguiría aportando el porcentaje de dinero exigido, “siendo declarada insubsistente”.
Para la Corte quedó claro que Velásquez “olvidó así que los miembros del Congreso representan al pueblo y han de actuar consultando la justicia y el bien común, conforme con el mandato consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política, a cambio dirigió su voluntad para sus fines personales al exigir sumas dinerarias a una de sus dependientes”.
La Sala Especial de Primera Instancia también impuso a la excongresista 104 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y también le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria.
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