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Brasil está enmarcando su lento programa de privatización como una forma de proteger bosques y ríos tras las crecientes críticas de los inversionistas internacionales a las políticas ambientales del presidente, Jair Bolsonaro.
Martha Seillier, titular de la secretaria especial del Programa de Asociaciones de Inversiones, dijo que la construcción de infraestructura a través de concesiones y privatizaciones no solo representa buenas oportunidades comerciales, sino que también es una estrategia amigable con el medio ambiente, al tiempo que el país lucha contra una reputación dañada por las crecientes tasas de deforestación y los incendios forestales desenfrenados.
“No es cierto que al Gobierno brasileño no le importa el medio ambiente”, dijo Seillier en una entrevista en video. “La pregunta es cómo obtenemos los recursos y las soluciones que necesitamos para preservar el medio ambiente”.
La legislación recientemente aprobada y respaldada por el Gobierno para facilitar la privatización del tratamiento de agua y alcantarillado reducirá la contaminación de los ríos y mejorará los estándares de higiene, y las concesiones de ferrocarriles reducirán la dependencia del automóvil, dijo, y agregó que las instalaciones eólicas e hidroeléctricas también se están abriendo a los concesionarios.
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“Dado que los grandes fondos buscan cada vez más carteras de ESG, tenemos propuestas de inversión ecológica muy importantes”, dijo sobre las oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza.
El atractivo de Brasil para los inversionistas se vio impulsado inicialmente por la agenda proempresarial de Bolsonaro, pero los grandes fondos y empresas europeos han comenzado recientemente a expresar su consternación por sus políticas ambientales, que incluyen minimizar los incendios forestales que asolan el país y retirar fondos a las agencias de cumplimiento.
A medida que aumentaba su presión, el Gobierno cambió de estrategia y ahora está llamando al sector privado para ayudar a proteger la Amazonía.
Proceso lento
Bolsonaro aún no ha cumplido sus ambiciosas promesas de privatización, ya que los planes para vender grandes entidades controladas por el Estado aún no están listos.
“Considerando el período presidencial de cuatro años, las principales decisiones se tomaron durante el primer año, mientras que el segundo se ha utilizado para dar forma a los modelos de privatización”, dijo Seillier. “Si todo va bien, el año que viene será cuando se realicen las licitaciones”.
Ella mencionó a los administradores de activos Emgea y ABGF, a las empresas de almacenamiento de alimentos Ceagesp y CeasaMinas, y al administrador de puertos Codesa como empresas cuyas ventas probablemente se muevan más rápido el próximo año.
El servicio postal Correios y la empresa eléctrica Eletrobras también podrían privatizarse en el 2021, en espera de la aprobación del Congreso, dijo.
Pero la volatilidad de la moneda ha mantenido a los inversionistas cautelosos. El real brasileño ha sido una de las monedas de peor desempeño entre las economías de mercados emergentes, en gran parte debido a preocupaciones de los inversionistas de que Bolsonaro pueda incumplir un límite de gasto constitucional para financiar un nuevo programa social de transferencia de efectivo destinado a mitigar los efectos de la pandemia.
Seillier dijo que la agenda proempresarial de Bolsonaro no está en riesgo y que el Gobierno creará una cobertura cambiaria para los inversionistas. “Habrá una cuenta separada para compensar las fluctuaciones monetarias que puedan afectar la inversión”.
