Arduo y estrecho camino para Argentina

Del lado positivo, no se justifican ya los temores de un gobierno hegemónico por parte de Fernández: un 40% de apoyo a una oposición activa es un mensaje que un político razonable no puede ignorar. Pero también está en una posición más débil en relación con su vicepresidenta, cuya política polarizadora será más difícil de contener después de una gran victoria de sus aliados en la provincia de Buenos Aires.

Esta combinación de circunstancias conlleva algunos riesgos para la fortuna del país. Si una oposición liderada por Macri proporciona el adversario “neoliberal” ideal para el nuevo gobierno, como lo fue la “populista” Fernández de Kirchner previamente para Macri, los intentos de peronistas moderados y la oposición para encontrar un terreno común en reformas muy necesarias podrían ser más difíciles. En efecto, el precoz fracaso de la presidencia de Fernández podría abrir la puerta a una recreación de la confrontación política tóxica del 2012-2015 sin restricciones y estancamiento legislativo.

Sin embargo, el desacuerdo no es inevitable. Existe un consenso emergente sobre la lista de desafíos a corto plazo de Argentina, por no decir la secuencia de cómo enfrentarlos: gestión de la deuda, estabilidad nominal (precio y tipo de cambio) y crecimiento.

Si sabemos algo sobre los planes de Fernández, es que tiene la intención de forjar un "pacto social" para frenar la inflación: negociar el ajuste gradual de una larga lista de precios relativos, incluidas las tarifas de servicios públicos y los salarios, y desindexar una gran parte del gasto fiscal, evitando la alerta de un tipo de cambio sobrevaluado que podría conducir a otra depreciación disruptiva.

Como Rudiger Dornbusch y Mario Simonsen lo expresaron en un artículo de 1987, en el que analizan tres esfuerzos anteriores de control de alta inflación en Argentina, Brasil e Israel, las políticas de ingresos proporcionan un intervalo de estabilidad nominal para llevar a cabo las reformas que son los verdaderos pilares de la estabilización. Sin seguridad social, reformas laborales y fiscales, la estabilidad es efímera. ¿Funcionaría un pacto social? Posiblemente, si Argentina elimina el déficit fiscal —talón de Aquiles de tantos programas fallidos en la década de 1980— con una combinación entre un superávit primario modesto y, crucialmente, una reestructuración de la deuda.

En términos de deuda, el gobierno se enfrenta a tres opciones: un intercambio voluntario bajo los auspicios de una facilidad extendida de financiamiento del Fondo Monetario Internacional; un incumplimiento seguido de una larga negociación con acreedores para obtener un alivio significativo de la deuda; y un incumplimiento secuencial que implique una reestructuración unilateral de la deuda regida por leyes locales seguido de una larga negociación con acreedores extranjeros.

Hay razones para que Fernández prefiera la primera alternativa (y ha señalado un esfuerzo similar de Uruguay en el 2003 como modelo potencial): una reestructuración rápida y una recuperación moderada para fines del 2020 podría ser su mejor oportunidad para protegerse de sus socios más radicales y ganar las elecciones de mitad de período en el 2021. Sin embargo, a falta de un programa financiero consistente, los acreedores privados podrían preferir esperar al FMI antes de sentarse en la mesa a negociar, y el FMI podría pedir un recorte más profundo. Este círculo vicioso podría descartar su primera opción.

Dicho esto, el problema de endeudamiento de Argentina es esencialmente un problema de crecimiento. Para finales del 2019, la relación entre la deuda y el PBI será aproximadamente de 70%, del cual 27% corresponde al sector público y puede tacharse, y 17% corresponde a acreedores oficiales y puede transferirse fácilmente. Una extensión voluntaria de los vencimientos de la deuda de Argentina sería suficiente si el país logra registrar un pequeño superávit primario y una tasa de crecimiento moderada; sin embargo, el crecimiento moderado ha sido un objetivo difícil de alcanzar en la última década.

El PBI de Argentina caerá este año y probablemente el próximo. Además, dado que el estímulo fiscal ya no se contempla, que el pacto social reprime los salarios y que la política monetaria quedó impotente tras la crisis monetaria, el impulso del crecimiento económico quedará en manos de la inversión privada. No obstante, la estabilidad financiera y nominal son condiciones necesarias para que se reanude la inversión.

A principios de esta semana, Fernández y Macri se comprometieron a garantizar una transición sin problemas hasta que la nueva administración comience el 10 de diciembre. Hay razones para permanecer escépticos, ya que Fernández no tiene ningún incentivo para compartir los costos políticos o ayudar a Macri en la recta final. No obstante, los dos líderes jugaron bien, y un equipo de la administración entrante ha trabajado con el Ministerio de Hacienda de Argentina para intercambiar información.

Existe un camino hacia la recuperación; es estrecho y no concuerda con los mensajes de campaña de Fernández, que insinuaban una postura fiscal flexible y una política monetaria que presionaba los límites para reactivar la economía real. Hay poco tiempo: el nuevo presidente tiene quizás seis meses para mostrar un progreso real antes de que la ansiedad política y las divisiones internas comiencen a surgir. La secuencia de políticas es clara, pero no es fácil para un país marcado por políticas polarizadas y que se enfrenta a crecientes exigencias sociales. Una cosa es segura: los cambios cosméticos y la nostalgia económica no sacarán a Argentina del círculo en el que ha estado atrapada durante décadas.

Por Eduardo Levy-Yeyati