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La semana pasada, las calles de Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, se convirtieron en un campo de batalla: el cartel de Sinaloa se enfrentó directamente al gobierno y ganó. La semana anterior, 13 policías fueron asesinados en una emboscada en Michoacán, probablemente por el cartel Jalisco Nueva Generación. En general, los asesinatos y secuestros rondan niveles récord y se extienden por el corazón industrial y la capital de México, que alguna vez fueron más seguros.
Se habla cada vez más de que México se convertirá en un Estado fallido. Hace dos décadas, la última vez que los expertos estuvieron tan preocupados, Estados Unidos y México formaron una histórica asociación de seguridad. Es poco probable que eso vuelva a suceder y, como resultado, ambos países sufrirán.
El aumento de la violencia ayudó a impulsar al presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, a la presidencia. Desesperados por una seguridad básica, los mexicanos votaron por el cambio. Prometió un giro sísmico y que terminaría la guerra contra las drogas con “abrazos, no balas”. Una nueva Guardia Nacional de 60,000 efectivos reemplazaría a una policía federal contaminada. Además, la ejecución militarizada daría lugar a nuevas becas, salarios y tratamiento de drogas.
Sin embargo, casi un año después, la seguridad se ha deteriorado. Los carteles financiados por la droga no son la única amenaza. Decenas de grupos criminales se benefician de la trata de personas, la extorsión, el secuestro y la protección comercial (el aguacate es un lucrativo favorito).
Las cosas no mejorarán pronto. El enfoque social de AMLO para prevenir la violencia tomará años para traducirse en un cambio real, si es que funciona. También tomará tiempo contratar, entrenar y cohesionar a su nueva Guardia Nacional, en las mejores circunstancias. Las circunstancias actuales están lejos de serlo: la primera ronda de reclutas, en su mayoría reciclados de la policía militar y federal, han sido enviados para reunir a los migrantes centroamericanos en lugar de luchar contra los delincuentes. Incluso las políticas de seguridad más prometedoras no pueden llegar lejos sin dinero, y AMLO no ha aumentado el gasto en seguridad que es de menos de 1% del producto interno bruto.
La última vez que México enfrentó tal peligro, se dirigió a Estados Unidos. El gobierno de EE.UU. respondió, reconociendo su rol en el tráfico de drogas y su participación en un México seguro. En el 2007, los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush suscribieron un histórico acuerdo de seguridad conocido como la Iniciativa Mérida. En el transcurso de la próxima década, EE.UU. gastaría más de US$ 1,600 millones, y México miles de millones más, para desmantelar organizaciones criminales, fortalecer el Estado de derecho de México, modernizar la frontera y ayudar a las comunidades afectadas por la violencia. Tan importante como el dinero, Mérida superó una relación de seguridad bilateral históricamente tensa, generando confianza y cooperación.
El prolongado tiroteo que provocó caos en Culiacán se produjo por un intento fallido de cumplir una antigua solicitud de EE.UU. de extraditar a uno de los hijos de Chapo Guzmán, exjefe del cartel de Sinaloa. Después, AMLO y el presidente Donald Trump hablaron y reafirmaron la "solidaridad" entre las dos naciones. Pero eso no significa el renacimiento de una estrecha cooperación. La base política nacionalista de AMLO aún sospecha profundamente de todos los motivos estadounidenses; no es probable que pida ayuda, incluso si la necesita. AMLO ha criticado la Iniciativa Mérida por sus aspectos militares, aunque en realidad la asociación hace mucho tiempo no proporciona helicópteros y equipos para capacitar a los oficiales de policía y apoyar las reformas judiciales.
Incluso si el presidente mexicano acudiera a EE.UU. en busca de ayuda, pocos en el lado estadounidense están presentes para atender la llamada. El último subsecretario de Estado confirmado de Trump para el Hemisferio Occidental salió en agosto después de solo 10 meses en el cargo. El Departamento de Seguridad Nacional está perdiendo actualmente a su tercer secretario en tan solo seis meses (muchos puestos adjuntos también permanecen vacantes u ocupados por funcionarios en funciones). Además, los recursos del departamento se han alejado de las drogas y la seguridad fronteriza para migrantes.
EE.UU. no es inmune a la violencia intensificada en México. Sus costos económicos afectan a fábricas, oficinas y trabajadores de EE.UU. cuyos trabajos dependen de las exportaciones al sur (México sigue siendo el segundo mayor cliente de EE.UU. en el mundo). La violencia y la delincuencia también pueden retrasar o interrumpir el flujo de piezas que ayudan a que el sector automotriz, aeroespacial, médico y otras industrias regionales de EE.UU. sean competitivos a nivel mundial. Decenas de compañías estadounidenses, entre ellas General Motors Co., Honeywell International Inc., Nordam Group Inc. y Medtronic Plc, dependen de la entrega rápida de componentes fabricados en México para mantener sus operaciones en funcionamiento en Michigan, Minnesota, Carolina del Norte y Oklahoma.
La violencia también exacerbará y acelerará la migración hacia el norte. Los refugiados mexicanos no necesitan viajar miles de kilómetros para llegar a EE.UU., ni la Guardia Nacional puede detenerlos. El personal fronterizo de EE.UU. ya evidencia un fuerte aumento en las solicitudes mexicanas de asilo.
Entonces, ¿qué deben hacer los dos países? Dejen de preocuparse tanto por la soberanía y concéntrense en lo que salvará vidas; eso es enfrentar al crimen organizado de la mano. Hacerlo significa revisar y duplicar los cuatro principios de la Iniciativa Mérida: perseguir estratégicamente a los malos, concentrar menos los recursos fronterizos para detener a familias que huyen que en frenar el flujo de drogas, armas y dinero ilícito, y especialmente fortalecer el Estado de derecho y ayudar a las comunidades afectadas.
México, por supuesto, necesita redoblar los esfuerzos y lidiar con sus propios problemas (comenzando con un gran aumento del gasto en seguridad). Sin embargo, las causas transfronterizas de violencia exigen soluciones transfronterizas. Los dos gobiernos necesitan una vez más expandir las partes cooperativas (versus coercitivas) de la agenda bilateral más allá de la aprobación del acuerdo comercial T-MEC. Ambos presidentes deben reconocer que la seguridad en casa depende de hacer que toda Norteamérica sea más segura.
