Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19 desarrollada por una entidad pública, se ha topado con un fuerte escepticismo entre las autoridades reguladoras de todo el mundo.
Excepto en América Latina. En Argentina, Venezuela y ahora Bolivia —todos países liderados por presidentes de izquierda con estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin—, Sputnik ha sido aprobada para uso de emergencia. En total, los países han realizado pedidos por más de 30 millones de dosis.
Argentina se convirtió el mes pasado en el primer país fuera del antiguo bloque soviético en distribuir la vacuna rusa. Mientras que los Gobiernos de Nicaragua y Cuba, también antiguos aliados de Putin, han dicho que Rusia podría comenzar a producir la vacuna en instalaciones locales.
Las autoridades reguladoras de muchos países no han querido otorgar la aprobación acelerada a Sputnik V, no obstante la buena acogida que han tenido las vacunas estadounidenses y europeas. La confianza se ha visto afectada por la rápida aprobación de la vacuna por parte de Rusia, antes de que sus desarrolladores publicaran datos científicos y después de escasos ensayos clínicos.
Rusia afirma que las críticas son parte de una larga campaña de desinformación en su contra, y Putin dijo que su propia hija recibió la vacuna.
El Ministerio de Salud de Argentina informó que de las primeras 39,599 personas que fueron vacunadas al 3 de enero, 1,088 presentaron efectos secundarios, como fiebre y dolor de cabeza.
Hasta la fecha se han administrado más de 15.6 millones de dosis de varias vacunas en 37 países, según datos recopilados por Bloomberg.