Reforma fiscal a la mexicana

CIUDAD DE MÉXICODE LA EDICIÓN IMPRESADesde que en el 2000 se estrenó la película mexicana "Amores Perros" –una cruda historia sobre perros, crimen y violencia–, el estatus de los canes en la sociedad ha mejorado mucho. En las zonas de clase media de México, estas mascotas disponen de hoteles, estilistas y hasta contenedores orgánicos para sus excrementos, todo lo cual se ha convertido en símbolo de movilidad social.

No sorprende entonces que la clase media esté quejándose sobre una propuesta de reforma tributaria, anunciada el pasado 8 de setiembre, que no solo busca elevar los impuestos de todo, desde los sueldos superiores a los 500,000 pesos (US$ 38,000) hasta los que pagan colegios privados, sino que además incluye un gravamen a las galletas para perros.

Las grandes empresas también están gruñendo porque claman ser rehenes perennes del ente recaudador, forzadas a pagar más tributos cada vez que el Gobierno intenta mejorar sus ingresos fiscales, puesto que el 60% de la población ocupada no paga nada. Y la reforma busca exprimirles más: prohibiendo la consolidación impositiva —que les permite compensar las pérdidas incurridas en un negocio con las ganancias obtenidas en otro— y recortando drásticamente su capacidad de deducir los beneficios de los empleados para propósitos contributivos.

La reforma también incluye un "impuesto al pecado" contra la obesidad que gravará las bebidas gaseosas —los mexicanos son los mayores consumidores de Coca-Cola del mundo—. Los grandes consumidores de energía se enfrentan a la inesperada introducción de un impuesto al carbón.

El principal objetivo del presidente Enrique Peña Nieto es elevar los ingresos tributarios —que se sitúan en 14% del PBI, por debajo del promedio de América Latina— y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Los expertos están divididos en lo referente a los méritos de la reforma y si el Congreso la aprueba —los lobistas de las empresas buscarán reinstalar las exoneraciones—, algunos piensan que podría generar tres beneficios.

Primero, al enfatizar el impuesto a la renta sobre el impuesto al valor agregado (IVA), la reforma es modestamente redistributiva. Segundo, le pone fin al tratamiento especial que reciben ciertos sectores y que es una gran fuente de evasión. Tercero, intenta ofrecer algo tangible a cambio del sacrificio de pagar impuestos: un sistema de pensiones universal y un seguro de desempleo limitado.

Todo se ve bien en el papel, pero en el mundo real no tanto. El Gobierno dijo que decidió no extender el IVA a los alimentos y medicinas para no afectar a los pobres. Los empresarios dicen que en realidad el Gobierno estaba preocupado por diluir las protestas de la izquierda contra el intento de Peña Nieto de abrir el sector petrolero, controlado por el Estado. Esta movida se ve políticamente astuta pero económicamente sospechosa.

Aunque la reforma busca ampliar el rango de impuestos que la gente debe pagar, solo ofrece incentivos fragmentados para ampliar la base tributaria. Existe poca presión sobre la economía informal para que pague impuestos en lugar de sobornos, lo cual alimenta la sensación de que la legislación propuesta simplemente explotará a una cautiva clase media. En un intento por reequilibrar la balanza, todos los partidos políticos han anunciado que podrían bloquear la propuesta de gravar los colegios privados con el IVA.

Alil Álvarez, abogada tributarista, señala que el borrador de la nueva ley del impuesto a la renta está plagado de errores básicos y se ve menos redistributivo de lo deseado. Agrega que las empresas estarían propensas a responder al freno en la deducción de los beneficios laborales mediante el recorte de empleos y que evitarán un nuevo impuesto de 10% sobre los dividendos mediante el recorte de los pagos a sus accionistas. Asimismo, espera que se presenten acciones contra partes de la reforma ante la Corte Suprema.

La pregunta más fuerte es si el nuevo código tributario ayudará u obstaculizará la reanimación de una economía estancada. El Gobierno ha indicado que la promesa de mayores ingresos tributarios futuros ha dado más margen para cerrar las cuentas en rojo este año y el próximo, para los cuales se proyectan déficits de 0.4% y 1.5% del PBI, respectivamente. Dos días antes, el banco central había decretado una disminución de un cuarto de punto porcentual en su tasa de interés principal, la segunda durante este año, pese a que la inflación (en 3.5% anualizada) está ligeramente por encima de su valor meta. En un país cuyo fetiche es la baja inflación y los presupuestos balanceados, ambos anuncios llegaron como si fuesen tónicos inesperados.

Pese a ello, la perspectiva de pagar impuestos más elevados podría significar que los consumidores de clase media sientan la necesidad de ajustarse los cinturones, justo cuando la economía estaría en capacidad de hacer algún gasto extra. Para contrarrestarlo, el Gobierno tiene la esperanza de que su propuesta de reforma energética genere una bonanza de inversiones.

Pero hasta que ello ocurra, el riesgo es que casi todos sientan que están peor que antes. Excepto los perros, quizás, ya que si los alimentos para mascotas resultan ser gravados con el IVA y los alimentos para los humanos no, algunos dueños podrían sentirse tentados a comprarles bistecs.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez© The Economist Newspaper Ltd,London, 2013