Colombia: ¿cómo financiar la paz?

alejandra sánchez

tatiana arango

"Matamos al tigre y nos asustamos con su cuero". Esa es la frase que muchos analistas usan para describir el proceso de paz en Colombia, país que después de más de 50 años en guerra, decidió sentarse con las FARC a negociar un cese al fuego, que podría significarle un ahorro de 100 billones de pesos anuales (US$ 46,000 millones).

El problema es que aún queda la cuestión sobre cómo se financiará el posconflicto, cuyos costos ascenderían a 90 billones de pesos (US$ 42,000 millones). La reforma tributaria es una de las soluciones planteadas. Ya el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la DIAN, Santiago Rojas, ratificaron la reforma tributaria con la que se busca financiar en 12.5 billones de pesos (US$ 5,800 millones) el presupuesto para el 2015, que será de US$ 216.2 billones (US$ 100,900 millones).

Sin embargo, Gobierno y privados no se ponen de acuerdo en ciertos puntos de la reforma, entre ellos, el impuesto a la riqueza, que afectará a quienes tengan patrimonios líquidos superiores a 1,000 millones de pesos (US$ 466 millones), es decir, los activos menos las deudas. "Esto solo afecta a 50,000 personas naturales", dice Cárdenas, y agregó que 35,000 empresas de las 300,000 que hay en el país tendrán que pagar el impuesto.

Otro de los puntos criticado por los empresarios es la sobretasa al Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (Cree) de tres puntos, que pagarán las empresas con utilidades mayores a 1,000 millones de pesos (US$ 466 millones). "La sobretasa solo se pagará sobre el exceso de utilidades sobre 1,000 millones, es decir que 2.5% de las compañías tendrán que pagarla", explica Cárdenas.

Se incluyó en el proyecto la eliminación de la devolución del IVA de dos puntos para las compras con tarjetas de crédito. El ministro dice que esto le representa a un tarjetahabiente 30,000 pesos (US$ 13.8) al año y esto le va a ayudar a la DIAN a liberar personas que estaban encargadas de esta devolución para que se concentren en la lucha contra la evasión. Sin embargo, en este punto se hicieron oídos sordos a las peticiones de distintos sectores que pedían que se aumentara el valor que se cobra en este impuesto.

De acuerdo con Fedesarrollo, el espacio fiscal que el Gobierno debe llenar con la reforma es de 14 billones de pesos (US$ 6,530 millones), 1.5 billones de pesos (US$ 700 millones) más de lo que espera recaudar el Ejecutivo con este proyecto. Adicionalmente, ese vacío podría hacerse aún más grande, debido a la incertidumbre que existe sobre el rendimiento real del sector minero-energético.

El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, afirma que según sus ejercicios prospectivos, apoyados en la Asociación Colombiana de Petróleos, todo apunta en que en el escenario optimista el país podría bordear los 900,000 barriles día y en carbón va a ser imposible llegar a las 120 millones de toneladas. Con esto, las necesidades fiscales en siete años serán de dos puntos del PBI.

Para completar lo que falta, el Ejecutivo anunció la intención de recortar la burocracia en 1 billón de pesos (US$ 460 millones). Sin embargo, el cómo se hará es incierto, pues el Gobierno pretende mantener todos los servicios que presta ahora el Estado, tampoco habrá despidos masivos en las entidades públicas.

Otras propuestas

En las Comisiones Económicas del Congreso se dio la posibilidad que el Gobierno incluya un impuesto a los dividendos y reduzca el gravamen al patrimonio. Si esta propuesta se llega a aprobar en los próximos días, Colombia dejaría de ser el único país en la Alianza del Pacífico que no tiene este impuesto.

Aunque el asunto solo es una propuesta sobre la mesa y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresa que el Gobierno se mantiene en los términos iniciales, la moción ha recibido el apoyo de los ponentes. Sin embargo, podría no tramitarse en esta ocasión, entre otras razones, porque al sector empresarial no le convence la iniciativa. "Nosotros no conocemos un análisis profundo de la propuesta y nos preocupa que a esta altura se hable de algo nuevo, que el país no ha estudiado y tan solo a un mes de que se apruebe esta reforma. Esto debe tener un debate mayor", señala Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de la Minería (ACM).

La iniciativa presentada por el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff busca que se graven permanentemente los dividendos decretados por las empresas, tanto para personas naturales como jurídicas, en el país o el extranjero, que sumen más de US$ 42 millones al año, mediante una sola compañía o varias. "Nosotros calculamos que se pueden recaudar unos US$ 2 billones al año, si se aplica a personas jurídicas y naturales, y US$ 1 billón, si solo se aplica a personas naturales", explica el senador.

El copresidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, indica que los 90 billones de pesos (US$ 42,000 millones) que se necesitan para financiar el posconflicto se deberán invertir en los próximos diez años en desarrollo agropecuario, jurisdicción agraria, formalización y registro de la propiedad rural, eficiencia tributaria y gobernabilidad local.

Por su parte, la senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, dijo que "todo el país no necesita la misma intensidad de inversiones para la paz", y señaló que es en 368 de los 1,102 municipios colombianos, habitados por 15 millones de personas, en los que hay que dar prioridad.

López afirma que "el desafío del posconflicto es que el Gobierno aprenda a planear e invertir tanto en los centros poblados como en las zonas rurales". "La paz no es solo desmovilizar a 15,000 combatientes, sino llegar a la mitad del territorio que durante 100 años ha estado abandonado", expresa.

El Consejo señala que en los últimos cuatro años se ha visto una clara tendencia creciente en el gasto púbico, la cual ha acumulado una tasa de 40%. Las dos reformas tributarias llevadas a cabo no fueron suficientes para los empresarios.

Los beneficios de la paz