¿Vamos en el camino correcto para atenuar los conflictos socio ambientales?

OPINIÓNLuis Millones OlanoECONOMISTA – DIRECTOR DE SUSTAINABLE PROJECTS

La inversión que pone en marcha los proyectos, es necesaria (pero no suficiente) para salir del subdesarrollo. Es necesaria, porque es la fuente de los recursos con que el Estado cuenta (vía impuestos) para construir carreteras, postas de salud, colegios, etc. Y la inversión se forma a partir de la acumulación de capital de la actividad económica privada, principalmente. En el caso peruano, como país exportador de materias primas, la minería es el sector económico que genera las mayores divisas y los impuestos fiscales más significativos. También mueve los engranajes de otros sectores como, construcción, metal mecánica, servicios de mantenimiento, comercio y otros.

¿Por qué si el país requiere recursos para mejorar la vivienda, el agua, la energía, la educación, algunos sectores de la población, particularmente rural, rechazan los proyectos?

En el Perú hay desconocimiento sobre el tema, y no se entiende que cada proyecto es un modelo técnico-ecológico-social único a armar y como tal debería ser analizado para encontrar las alternativas de solución, que permita obtener la licencia social por toda la vida útil que permanecerán las empresas en el área de influencia.

Se ha creado mucha expectativa con el mecanismo de la Consulta Previa, y existen dudas de cómo va a ponerse en práctica y de los resultados que se obtendrán. En realidad, no era necesaria la creación de una ley y reglamento, cuando lo que se ha debido hacer es mejorar el sistema vigente, respetando el Convenio 169 de la OIT. Se debieron hacer los ajustes correspondientes a nivel de la ejecución de los estudios, las revisiones a cargo de las entidades sectoriales y los procesos de participación ciudadana, y no, reformular el proceso, con una nueva reglamentación, algunos de cuyos vacíos son evidentes.

Por ejemplo, ¿cómo harán los funcionarios del Estado para explicar el proyecto?, cuando los que deben hacerlo son los representantes de las empresas con sus técnicos. ¿Cómo van a hacer para explicar los potenciales impactos?, si estos deben ser previamente identificados a través de los estudios de impacto ambiental. Asimismo, ¿cómo podrán ofrecer compensaciones o programas de responsabilidad social, si son los representantes de las empresas los llamados a hacerlo, pero luego de efectuado el mencionado estudio?

Por su parte, la ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) podría marcar un retroceso en el proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental, particularmente de los proyectos extractivos. El sistema que se trata de reemplazar debió ser fortalecido y no, crear una nueva entidad, que parecería estar concebida como si los conflictos sociales tuvieran principalmente un trasfondo ecológico.

Si el Ministerio de Energía y Minas hubiera sido más exigente con los estudios de impacto ambiental, en el tema social, los campesinos y nativos, habrían estado de acuerdo en la ejecución de los mismos, incluyendo los proyectos Conga y Tía María.