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Cuando los estadounidenses notan que los negocios y la política se entremezclan en otros países, suelen interpretarlo como una señal de deterioro institucional, capitalismo clientelista o autoritarismo. Hoy, eso está sucediendo en su país. A veces, se trata de perseguir causas honorables, como en la protesta de numerosos CEO en contra de leyes que restringen el derecho al voto en Georgia y otros estados.
Otra veces, es visible en el CEO-estadista: Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, se ha pronunciado sobre logística militar y justicia penal, entre otros temas de peso. De manera más general, se refleja en cómo la Business Roundtable, un grupo de lobby, ha ampliado la responsabilidad corporativa para incluir a todos los stakeholders, a fin de alcanzar el éxito en sus empresas, comunidades y país.
Esta revista respalda firmemente la protección del derecho al voto y cree que las empresas que operan en mercados competitivos promueven el progreso social. Sin embargo, como liberales clásicos, también creemos que las concentraciones de poder son peligrosas. Los empresarios siempre harán lobby por sus intereses, pero mientras más se acercan al Gobierno, crece la amenaza de daño a la economía y la política.
En décadas recientes, el pensamiento dominante giró en torno al argumento de Milton Friedman: la autoridad de los jefes deriva del poder de los propietarios de las empresas y lo que deben priorizar son los intereses de los propietarios, que usualmente son maximizar las ganancias de largo plazo. Pocas empresas estuvieron a la altura de ese ideal, pero hoy lo están rechazando abiertamente debido a varias fuerzas.
Cada vez más ciudadanos quieren que sus causas sean respaldadas por las empresas, los CEO que permanecen mutis se arriesgan a ser acusados de complicidad. Muchos estadounidenses piensan que el Gobierno en Washington está fracturado y tendrían la esperanza que la empresa pueda llenar ese vacío. El presidente Joe Biden tiene una agenda de fuerte participación estatal basada en una alianza con el sector privado a fin de renovar el país, combatir el cambio climático y preparar a Estados Unidos frente al ascenso de China.
Aun si estas metas son loables, constituyen un viraje en el rol de los negocios que contiene riesgos subvalorados. Uno es un despliegue de hipocresía que desacredita a todos. Muchos fondos de inversión socialmente conscientes están llenos de acciones de gigantes tecnológicas acusadas de prácticas monopólicas. Defender el derecho al voto es algo natural, pero conduce al siguiente test -por ejemplo, respaldar la reforma de la Corte Suprema y boicotear a China por los abusos de derechos humanos en Sinkiang-. Si los CEO claman que sus empresas son actores morales, ¿serán consistentes?
También está en juego el vigor de la economía. Pedidos a las empresas para que atiendan a todos sus stakeholders se arriesgan a ser vacuos porque proporcionan escasa orientación en torno a cómo priorizar sus objetivos. Un escenario corporativo saludable es heterogéneo, no uniforme: incluso en una economía que genera empleos, algunas compañías necesitan hacer despidos, y un país que reduce emisiones de carbono aún necesita que algunas empresas vendan petróleo.
El riesgo para los políticos es más sutil. Su inconsistencia es descarada: progresistas que antes aborrecían el involucramiento corporativo en política ahora lo instan, mientras que líderes republicanos que solían ser cálidos con la gran empresa, ahora la quieren silente. Pero para los políticos es rutina desviar acusaciones de hipocresía. El peligro real es que cuando a los negocios se les pide ayudar a resolver problemas políticos, los ejecutivos aprovechan su lugar en la mesa para promover sus intereses.
La competencia que Friedman avaló es la mejor forma de pensar sobre empresas y política. La competencia hace que apoyar el cambio social sea legítimo y lucrativo. Los consumidores desean productos más humanos y con menos residuos, y hay empresas que están innovando: Beyond Meat y Tesla forzaron a adaptarse a McDonald’s y General Motors. A fin de reclutar el mejor personal, las empresas necesitan tener una cultura más abierta y diversa.
Y para prosperar en el largo plazo, las compañías deben anticipar cómo las leyes sobre externalidades cambiarán con los virajes de la opinión pública. Pocos capitalistas emprenderían hoy inversiones duraderas basados en supuestos de impuesto cero a las emisiones de carbono o suministros procedentes de los campos de trabajo de Sinkiang. Quizás la nueva agenda corporativa sea otro frente de competencia -marketing para ganar talento y clientes-; pero hay tácticas más efectivas, como el programa de Home Depot para que su personal vote.
Las empresas no son sustitutas de un Gobierno eficaz. Es el Estado quien asegura que los mercados sean competitivos y no distorsionados por monopolios y corrupción. Y la única manera legítima de mediar en las divisiones del país y proteger sus derechos fundamentales es vía el proceso político y los juzgados.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2021
