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A casi un mes para que entre en vigencia el Decreto Supremo N° 001-2022-TR que, según opinan los expertos, restringe en la práctica la figura de la tercerización laboral, una ola de demandas se ha presentando ante el Poder Judicial y el Indecopi para evitar la aplicación de la norma aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Fue en febrero pasado cuando el MTPE, con venia del presidente Pedro Castillo, publicó la norma que modifica el reglamento que regula los servicios de tercerización laboral para prohibir su uso en el caso de actividades que forman parte del ‘núcleo de un negocio’, un concepto que según el abogado laboralista Jorge Toyama, queda a interpretación del ministerio y no necesariamente de la empresa, y que podría poner en riesgo el trabajo de más de 240,000 personas empleadas bajo esa modalidad.
Así, entre marzo y junio, cerca de 300 empresas han recurrido a la vía legal para protegerse de la norma. Al menos 92 de ellas han interpuesto una denuncia ante la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi. Mientras que más de 200 empresas han solicitado un recurso de amparo ante el Poder Judicial, informó Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
“Desde hace dos a tres meses las empresas vienen presentando acciones legales porque esta norma las afecta. El sector minero tiene un 92% de concentración de empresas subcontratadas, mientras que en manufactura el nivel de empresas subcontratadas asciende a 87%”, anotó.
En un contexto en el que además las empresas planifican sus compromisos para el segundo semestre del año, muchas de las que no han podido adecuarse a los cambios de la norma -tienen plazo solo hasta el 23 de agosto- han recurrido también a resolver contratos con las empresas que les brindaban servicios de tercerización y otras están apagando máquinas.
Toyama dijo a Gestión.pe que a pocas semanas para que venza el plazo otorgado por el MTPE, “hay entre 40 y 50 resoluciones a favor de las empresas, obteniendo medidas cautelares en primera y segunda instancia, pero ya es una medida cautelar”. Este total de resoluciones abarcaría a más de 50 empresas, considerando que muchas acciones de amparo fueron presentadas en conjunto, precisó.
Por su parte, Castillo confía en que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB) también considere los argumentos de las empresas y admita a trámite las denuncias contra el MTPE. Desde la Autoridad de Competencia han evitado asegurar si alguna de las 92 denuncias registradas ha sido admitida por la comisión.
La norma y sus efectos
La tercerización laboral, según la ley vigente, se refiere a la contratación de una tercera empresa para que realice labores especializadas, es ésta la que tiene relación directa con los trabajadores contratados para ese fin. Un ejemplo, señala Toyama, son las empresas inmobiliarias, que se encargan del diseño del proyecto pero tercerizan la construcción y la decoración, por ejemplo.
Desde su perspectiva, incluso las empresas del Estado podrían verse perjudicadas con la norma. “Una empresa petrolera también contrata a una tercera empresa especializada para la perforación de un terreno donde encontrará petróleo, actividad que puede ser considerada “núcleo de negocio”, pero con la nueva norma estaría obligada a incluir en su planilla a los trabajadores de ese servicio. Se pierde el know-how”, indica.
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Pero el MTPE ha sustentado los cambios al reglamento justificando que la figura excepcional de la tercerización laboral se ha visto distorsionada al ser utilizada con fines de eludir responsabilidades sociolaborales. Ha indicado, además, que no se prohíbe la tercerización, sino que no se puede tercerizar el núcleo del negocio justamente en base a los términos de la Ley N° 29245 y el Decreto Legislativo N° 1038, corrigiendo la distorsión creada por el anterior reglamento.
En medio de este debate, la Comisión de Economía del Congreso aprobó recientemente un dictamen de un proyecto de ley para derogar el decreto del MTPE. Durante la noche del jueves 13 de julio fue incluido en la agenda del Pleno del Congreso, no obstante, pasó a cuarto intermedio con expectativa de que pueda volver a debatirse en la sesión de hoy (14 de julio), previo al cierre de la actual legislatura.
En última instancia, según los entrevistados para esta nota, es que la Comisión Permanente debata el dictamen. Sin embargo, “el pronóstico es reservado”. Y es que así se apruebe el dictamen su promulgación estará en manos del Poder Ejecutivo, que ya habría demostrado su intención de observar la autógrafa.
Con tiempo en contra, una ola de nuevas demandas contra el MTPE han sido presentadas recién en los últimos días. Para Toyama, muchas de ellas no lograrían tener una resolución antes de que se inicie la vigencia de la norma.
