En el 2021 se publicó la ley N° 31254, que fue cuestionada: se prohibió la tercerización y la intermediación laboral en los servicios de limpieza pública en las municipalidades. Con ello se buscaba que dichos servicios fueran prestados directamente por los municipios.
Tres años después, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció, resolviendo una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos que consideraban que la ley vulneraba varios derechos y afectaba tanto a los trabajadores como a los vecinos, debido a un posible aumento de los costos de operación municipal.
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¿Qué ocurrió?
Los demandantes sostenían que la ley impactaría negativamente en los gobiernos locales, al aumentar los costos de operación al asumir directamente la contratación de trabajadores, limitar la libertad de contratación y la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos, lo que, a su juicio, afectaba la libre competencia y el principio de subsidiariedad, que promueve que las actividades puedan ser gestionadas por privados de manera más eficiente.
El TC al evaluar estos puntos, determinó que la ley no vulnera la Constitución Política. En su análisis, argumentó que el Estado tiene la facultad de regular los servicios públicos esenciales, como la limpieza pública, y que la prohibición de tercerización en este sector no afecta la libertad de contratación ni la libre competencia, ya que las empresas privadas pueden seguir operando en otros sectores.
Concluyó que la autonomía de los gobiernos locales no es absoluta y debe ejercerse dentro de los límites de la ley. Respecto a la preocupación por el aumento de los costos, el TC indicó que la gestión directa de estos servicios es una opción válida para garantizar mejores condiciones laborales y mayor control sobre la prestación del servicio.
Finalmente, estableció que la ley es constitucional y que la incorporación de los trabajadores tercerizados al empleo municipal debe realizarse mediante un proceso de evaluación basado en el principio de meritocracia.
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Inviabilidad
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, señaló que las municipalidades no están preparadas para asumir de inmediato la gestión directa de estos servicios, ya que actualmente dependen de empresas especializadas que cuentan con los recursos necesarios, como personal capacitado y vehículos adecuados.
Destacó que las municipalidades no tienen presupuestados los altos costos que implicaría adquirir nuevos vehículos, contratar a trabajadores, y gestionar todos los aspectos técnicos, como el tratamiento de residuos y la gestión ambiental.
En cuanto a los contratos actuales, Toyama mencionó que, por el momento, las municipalidades continúan trabajando con empresas tercerizadas que manejan estos servicios, ya que la ley está en vigencia, pero no ha sido implementada por completo.
Los contratos con estas empresas especializadas incluyen no solo la recolección de residuos, sino también su tratamiento y reciclaje. Estas compañías, al trabajar para varias municipalidades, logran reducir costos y operar de manera eficiente.
Toyama advierte que, con la nueva normativa, este modelo de subcontratación desaparecerá, obligando a las municipalidades a enfrentar los costos y desafíos de gestionar estos servicios por sí mismas.
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Aumento en pago de arbitrios
Katarzyna Dunin Borkowski, directora de Consultoría Tributaria y Aduanera en PwC, explicó que este cambio estructural inevitablemente incrementará los costos que deberán asumir las municipalidades y, en consecuencia, los ciudadanos, ya que las tasas o arbitrios que se pagan por estos servicios públicos se calculan en función de su costo real.
“El Código Tributario establece que las contribuciones y tasas deben responder al costo del servicio. Si el costo aumenta, las municipalidades estarán justificadas en subir el precio de los arbitrios por servicios como la limpieza o el mantenimiento de parques y jardines”, señaló Dunin Borkowski.
Esta alza de costos se debe principalmente a que los trabajadores pasarán a ser parte de la planilla municipal, lo que incluye el pago de beneficios laborales, trato con sindicatos y otras obligaciones contractuales.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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