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La Sunat ratificó mediante un informe que los beneficios tributarios contenidos en la Ley N° 31110, del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, no son aplicables a la acuicultura.
El sector acuícola ahora deberá pagar el 29.5% de Impuesto a la Renta (IR), como aplica para el régimen general, y ya no 15% (de cuando estaba en vigencia la Ley de Promoción Agraria N° 27360, que fue derogada). De igual manera, las disposiciones laborales del régimen que aplicaban a la acuicultura, ya no están vigentes.
Aunque en la nueva Ley N° 31110 no se menciona que la acuicultura gozaría de los beneficios tributarios -y laborales- del sector agrícola y agroexportador, la duda estaba en un artículo que señala que “se encuentran incluidas en los alcances, las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas”.
Pero en el análisis de Sunat, se concluye que aunque se menciona a las actividades de crianza, no basta para aplicarla a la acuicultura, esto se debe a que la nueva ley agraria solo busca beneficiar a dicho sector en específico (agrícola).
Además, pese a que es verdad que la nueva ley agraria no contempla beneficios para el sector acuícola, la ley derogada tampoco lo hacía. Dichos beneficios dependían de una referencia al régimen hecha en la ley del mismo sector acuícola (Decreto Legislativo 1195). Pero, dado que la referencia era expresamente al régimen de la Ley N° 27360 y no solo a un “régimen agrario” en sí, la Sunat declaró que los beneficios tributarios ya no aplican.
Katarzyna Dúnin, líder del área tributaria de PricewaterhouseCoopers, señaló que la realidad es que esto es la consecuencia de una mala labor legislativa por parte del Congreso y “que no tiene una real razón objetiva detrás”.
“El decreto legislativo que regula el régimen acuícola hace referencia directa a la ley del régimen agrario anterior al momento de establecer los beneficios tributarios del sector”, explica Dúnin. Es decir, anotó, al momento de derogar la Ley N° 27360, los congresistas no revisaron qué otras leyes dependían de ella. Para corregir esto, se requiere que el mismo Congreso modifique el decreto legislativo (y haga referencia a la nueva ley).
