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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) acaba de cumplir 10 años desde su creación. Si bien la inspección del sector laboral en el país ha evolucionado, lo cierto es que aún hay críticas alrededor de ella, así como espacios de mejora.
Axpen, de Apoyo Consultoría y Vinatea & Toyama, compartió en exclusiva con Gestión su reciente informe: “Sunafil, el problema y recomendaciones”, elaborado en el marco del próximo Foro de Análisis Laboral ‘Desafíos para la gestión humana en el 2024: Entre la era de la tecnología y la presión regulatoria’.
Un tema que se pone sobre la mesa es la necesidad de un reenfoque de las acciones de la Sunafil. Aunque la informalidad afecta a siete de cada 10 trabajadores, el informe de Axpen muestra que de las inspecciones que realiza la entidad, menos del 20% atiende temas de formalización laboral.
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“La Sunafil, que ha incrementado su personal inspector y sus inspecciones, cuenta con un número de inspecciones sobre formalización laboral que aún es relativamente bajo”, se menciona.
Aunque existe informalidad en empresas formales, los datos son claros: en 2022, por ejemplo, de 9 millones de trabajadores en la informalidad, 7 millones estaban en empresas informales.
Justamente, Axpen muestra que el modelo de fiscalización que tiene Sunafil no le permitiría concentrar sus recursos en la formalización, sino en la atención de denuncias, en su mayoría dirigidas contra empleadores en el sector formal. En el periodo 2017-2023, alrededor del 70% de las inspecciones fueron destinadas a atender denuncias.
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“El problema de la informalidad es generalizado a nivel de las microempresas. Un 93% de las microempresas es informal. Entonces, uno debería esperar que se concentre ahí la labor inspectiva, pero no necesariamente es así. En empresas grandes, urbanas, solo el 3% de las relaciones laborales son informales. Obviamente hay aspectos que mejorar, pero no es el principal problema”, apunta José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría.
Según estimaciones de Axpen, aproximadamente el 25% de las inspecciones de la Sunafil del 2023 fueron dirigidas a las 4,000 empresas más grandes del país (menos del 1% de empresas a nivel nacional). De hecho, se estima que de las 200 empresas más grandes que fueron inspeccionadas, en promedio, recibieron 14 inspecciones al año.
Si se pone el foco en las actividades económicas, el informe muestra que las propias entidades públicas y sectores con menor informalidad laboral concentran parte importante de las inspecciones.
Por ejemplo, en el 2023, el 17% de las inspecciones se concentró en agro, pesca y comercio, sectores con el 40% del total de informales. En tanto, el 31% de las inspecciones estuvo en servicios empresariales y administración pública (con régimen laboral privado), que registra el 6% de los trabajadores informales.
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Percepciones
Para el sector empresarial, la Sunafil genera poca confianza e incertidumbre: el informe de Axpen incorpora una encuesta a ejecutivos que revela que el 72% consideró que las principales dificultades de las empresas frente a la fiscalización son los criterios restrictivos o inciertos en la aplicación de normas. Es más, el 46% calificó de “irrazonable” la aplicación de normas de la entidad.
Las infracciones por obstrucción a la labor inspectiva son aquellas relacionadas con la falta de colaboración con la inspección del trabajo, no entrega oportuna de información, impedimento a la fiscalización, inasistencias a citaciones o similares.
En el 2022, el 51% del total de Actas de Infracción de la Sunafil culminaron en propuestas de sanción únicamente por obstrucción a la labor inspectiva, lo que puede ser un síntoma de desconocimiento normativo, plazos muy cortos para la atención de requerimientos, desconfianza en la autoridad o simple desacato a la autoridad.
En este sentido, Axpen muestra que el 61% de empresas cree que un cambio que debe priorizar la Sunafil para mejorar la inspección laboral es promover la conciliación y reducir el enfoque sancionador. Además, en línea con lo antes mencionado, el 43% subraya que se debe aumentar la predictibilidad en la aplicación de criterios.
“El modelo actual de Sunafil no es adecuado. Su modelo se enfoca, con sus recursos limitados, a seguir fiscalizando la formalidad. Ese es el diagnóstico”, señala Jorge Toyama, socio de la firma Vinatea & Toyama.
Recomendaciones
Toyama cree que hay tres recomendaciones necesarias para la superintendencia: cambiar el sistema de denuncias, la estrategia y el enfoque de la Sunafil.
El informe detalla: “Recuperar la confianza empresarial a través de modificaciones normativas que reduzcan el enfoque sancionador y que promuevan la orientación y la conciliación, así como mediante la reducción de espacios para la subjetividad en la actuación de las autoridades de la inspección laboral. Estas modificaciones deberían ser producto de un proceso de consulta y diálogo”.
“Luego de una década, Sunafil debe dedicarse a un enfoque orientativo, de promoción, de guía, de cambio de conductas y con foco en la informalidad, en lo rural. Hay tan pocos recursos, que los recursos escasos deben ser destinados eficientemente”, menciona Toyama.
También se pone sobre la mesa la recomendación de implementar mejoras para la atención eficiente de denuncias laborales recurrentes (por ejemplo, pago de beneficios sociales e incumplimiento de jornadas y horarios), de tal manera que se descongestione la carga laboral de los inspectores en estos asuntos.
Evaluar aumento de presupuesto a la Sunafil que financie esfuerzos enfocados en materias relacionadas a la formalización.
Potenciar el uso de tecnologías de información para que las acciones de la Sunafil estén más enfocadas en las empresas que vulneran los derechos más fundamentales de los trabajadores: la informalidad y la falta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
“Si hay una necesidad de aumentar recursos, debería cambiar el modelo para asegurarnos que esos recursos adicionales vayan a atender la informalidad. Porque si vamos a aumentar recursos (incluso incrementar el número de inspectores), bajo el modelo actual, va a ser lo mismo, cae en ‘saco roto’”, remarca Saavedra.
Toyama finaliza comentando que no existe en Perú una “Sunafil para el sector público como tal”. “Ahí hay una oportunidad potente de mejora”, considera.
Más acciones previas de Sunafil
Si bien las inspecciones laborales han aumentado en los últimos años, el mayor crecimiento se ha dado en cuanto a las acciones previas. Con estas, la Sunafil ha implementado el uso de tecnologías de la información para requerir información a las empresas sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sin la necesidad de abrir una inspección e investigación.
Si la información proporcionada por la empresa no evidencia el cumplimiento, la entidad podrá iniciar una investigación formal. Sin embargo, aún no se observan resultados evidentes sobre la formalización a pesar de estos esfuerzos.
José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría
“En los últimos cinco años, la inversión privada creció en promedio solo 2.2%. Mientras tanto, el empleo formal creció 2.8%. En cambio, en años anteriores, como el periodo 2010-2015, cuando la inversión privada crecía a un ritmo de 5% anual, el empleo formal alcanzaba un crecimiento promedio de 6%.
Se debe cuidar que no se aprueben nuevas regulaciones que resten flexibilidad y encarecen la contratación formal”.
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama
“Estamos en la década de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), antes fueron de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Las fiscalizaciones y resoluciones de Sunafil son las que más impacto tienen en las relaciones laborales hoy en día, pero, a su vez, son las que mayor atención demandan del mundo informal donde tres de cada cuatro trabajadores no tienen protección social”.
Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.
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